El transporte público masivo es la columna vertebral de la movilidad urbana y un reflejo del nivel de planificación y gestión de lo público. Sin embargo, en Bucaramanga, el sistema Metrolínea se ha transformado en un símbolo del abandono colectivo.
Recientemente se anunció una reactivación parcial del sistema, que incluye apenas 12 buses padrones en operación; una cifra que lejos de generar esperanza, debería causar vergüenza.
Mientras este proceso avanza de forma limitada, las estaciones permanecen abandonadas, vandalizadas y en constante deterioro, sin señales claras de voluntad para recuperarlas. Esta realidad revela un problema aún más profundo: la pérdida del compromiso institucional y social con lo público.
Aunque en el pasado se realizaron inversiones millonarias, los recursos fueron mal gestionados y resultaron insuficientes. Los problemas no solo persistieron, sino que se profundizaron. Hoy, ante el evidente colapso, las autoridades se escudan en la falta de presupuesto, como si eso justificara años de improvisación y desinterés. Pero el verdadero daño está en el origen: el sistema nació mal planeado. No se completaron los portales ni las estaciones proyectadas, se incumplieron los estándares de calidad, la flota comenzó a fallar desde el principio, las deudas se acumularon, algunas rutas se suspendieron y las promesas nunca pasaron del papel.
A esto se suma un modelo financiero inviable. De cada peso que paga el usuario, alrededor del 12 % se destina exclusivamente al sostenimiento de la estructura administrativa del sistema.
Con una demanda muy inferior a la proyectada, este porcentaje se vuelve insostenible, dejando menos ingresos para los operadores y empujándolos a la quiebra. En otras palabras, el sistema nació con un error estructural que nunca se corrigió. Y ahora estamos pagando las consecuencias: ciudadanos que recurren al transporte informal o que sufren las demoras e inseguridad.
El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga y su área metropolitana, ha demostrado ser ineficaz y no cumple con las necesidades de movilidad de los usuarios.
Mientras que, en otras ciudades como Bogotá, Medellín y Cali aunque imperfectos, operan, innovan y responden a la realidad, aquí lo mínimo sigue siendo un tema pendiente.
Metrolínea no solo es un fracaso de la administración pública, sino también un reflejo de la falta de compromiso de la sociedad con lo colectivo. Por ello, es necesario un cambio de enfoque, una revisión profunda del modelo que contemple la modernización de la infraestructura, la mejora en la calidad del servicio y una gestión financiera transparente y eficiente. Solo así se podrá garantizar un sistema que responda a las necesidades reales y contribuya al desarrollo sostenible de la ciudad.
Entre los primeros meses de 2025, Metrolínea acumuló una deuda por costos de operación cercana a $4.500 millones. Además, enfrenta un fallo arbitral histórico: se le condenó a pagar más de $144.000 millones por la estación del Portal “Papi Quiero Piña” que nunca se pudo completar y otras obligaciones con contratistas y empresas vinculadas a fallos judiciales.
Estos datos no son simples estadísticas, son señales de alarma que no pueden ni deben ignorarse. En esta coyuntura, quienes aspiren a gobernar Bucaramanga o dirigir la gestión metropolitana tienen que colocar la movilidad en el centro de su agenda, no como una promesa sino como compromiso con una hoja de ruta definida.
