En Santander, hablar de desarrollo sin hablar del agua es una contradicción. El agua no solo sostiene la vida, también sostiene la economía, la agricultura, la industria y cada familia que abre un grifo todos los días. Por eso, la Ley 99 de 1993, reforzada por la Ley 2320 de 2023, establece que los municipios deben invertir al menos el 1% de sus ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) en la conservación de las fuentes hídricas que garantizan el abastecimiento. En teoría, se trata de una de las herramientas más poderosas para asegurar la sostenibilidad ambiental y la seguridad hídrica.
En la práctica, sin embargo, esta norma se ha convertido en una oportunidad desperdiciada. Aunque la ley obliga a realizar esta inversión, la mayoría de los municipios de Santander no la ejecuta o la registra de manera simbólica, sin proyectos reales ni resultados verificables. Ese 1%, que en la vigencia 2024 equivale a 17.889 millones de pesos, debería estar financiando la protección de nacimientos, la restauración de cuencas y la compra de predios estratégicos. Sin embargo, gran parte de estos recursos se diluye entre la falta de planeación, la descoordinación institucional y la ausencia de voluntad política.
Lo más preocupante es que estamos dejando pasar una oportunidad histórica. Si los municipios cumplieran con esta obligación y la gestionaran con visión de largo plazo, Santander podría consolidar un verdadero programa regional de conservación, con inversiones acumuladas de más de 270.000 millones de pesos en la próxima década. Dinero suficiente para restaurar cuencas, fortalecer esquemas de pago por servicios ambientales y garantizar agua para las próximas generaciones.
La ley incluso ofrece flexibilidad. Los municipios pueden invertir en otras jurisdicciones siempre que esas áreas contribuyan directamente a su abastecimiento. Es decir, Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta pueden (y deben) invertir en las cuencas altas de Tona o Suratá, donde nace el agua que abastece sus acueductos. Pero sin coordinación ni liderazgo regional, el potencial se pierde en el laberinto administrativo.
Invertir en conservación no es un gasto, es una forma de desarrollo. Cada peso destinado a proteger una cuenca ahorra miles en mitigación, tratamiento y obras de emergencia. Santander no necesita nuevas leyes, necesita cumplir las que ya existen.
Por eso, en la Agenda Estratégica del Agua, se prioriza una iniciativa que permita articular a los municipios, corporaciones, prestadores de servicios y demás actores relevantes en un programa en el que se inviertan estos recursos de manera efectiva, eficiente y, sobre todo, transparente. El 1% no es solo una obligación presupuestal, es una estrategia de desarrollo que puede garantizar el futuro económico y ambiental de Santander.
