“Siempre hemos estado olvidados por la administración local. No pedimos favores, pedimos atención”, expresó uno de los habitantes al perióodico Vanguardia, en la nota sobre el incendio que acabó con cincuenta y ocho casas en el asentamiento humano 12 de Octubre, sector de Las Pilas, en Bucaramanga. Las imágenes dantescas despertaron la solidaridad de los bumangueses, que han respondido al llamado recolectando ayudas para las familias que lo han perdido todo; sin embargo, estas serán insuficientes si no existe planificación por parte de las autoridades estatales al momento de ofrecer una solución de vivienda a los damnificados. Lastimosamente, no es la primera tragedia que se vive en un asentamiento humano del área metropolitana de Bucaramanga, ni sería la primera vez que las víctimas queden desprotegidas al cabo de un mes, sin recibir ayudas para arriendos temporales y viéndose obligadas a volver a construir en la zona de alto riesgo. Esperemos que en esta ocasión sea diferente.
A pesar que el 31 % de los habitantes de Bucaramanga vive en asentamientos humanos, las poblaciones vulnerables están condenadas a la marginalidad, siendo visibles únicamente en épocas de elecciones y cuando se presenta una tragedia. El fenómeno de los barrios precarios es una mezcla de desplazamiento, migración, politiquería, pobreza, falta de oportunidades, violencia, informalidad y ausencia de planeación de ciudad, con un crecimiento desbordado que, al día de hoy, no vislumbra respuesta institucional alguna.
Tal como lo ha denunciado la concejala Daniela Torres en las diferentes mesas técnicas de ayuda para los damnificados del 12 de Octubre, no hay una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades, lo cual no resulta sorpresivo si se tiene en cuenta que no existe un instrumento de planificación metropolitano que permita un sistema interjurisdiccional de redes, competencias y servicios para atender a los más vulnerables, ni una zonificación del suelo compensada entre municipios; no se cuenta con una política pública de vivienda popular de prevención y acción, ni una hoja de ruta que evite la proliferación de construcciones informales en zonas de alto riesgo y de protección ambiental; se adolece de un programa de mejoramiento integral de barrios; tampoco hay planes de ordenamiento territorial actualizados que habiliten suelos para la construcción de vivienda popular; y la política de legalización de asentamientos humanos, como lo hemos referido en columnas anteriores, no ha tenido impactos positivos desde el urbanismo para las comunidades.
Hoy fue un incendio en el 12 de Octubre; mañana será un deslizamiento de tierra en los asentamientos de la Comuna 14 o una inundación por el crecimiento del río de Oro. Como se dice en el argot popular, “en Bucaramanga la estamos sacando barata”, frente a un desastre de mayor magnitud por no prevenir ni planificar.
