El incendio que afectó cerca de 60 familias en el barrio 12 de octubre puso sobre la mesa una situación compleja que aqueja a Bucaramanga: la existencia de 180 asentamientos humanos informales en los que 198.600 personas, el 31,42% de la población total del municipio, viven en condiciones precarias. De acuerdo con las cifras oficiales, del total de asentamientos existentes, 44 ya fueron legalizados, 102 están pendientes de legalizar y 34 aún no se reconocen.
El panorama es crítico: en 2013 en Bucaramanga existían 51 asentamientos humanos informales (36 urbanos, 15 rurales). En 2022 el número ascendió a 98; 34 contaban con resolución de legalización desde 2011 y 64 no tenían acto administrativo. En 2024 la cifra llegó a 121 (102 urbanos y 19 rurales). En 2025, pasó de 121 a 180.
La administración municipal viene trabajando en la actualización de la política pública de legalización de asentamientos humanos, adoptada en el año 2015. Buscan frenar su crecimiento mediante procesos de legalización, regularización e incorporación urbana con criterios de habitabilidad, planificación y sostenibilidad que garanticen acceso real a vivienda formal y servicios públicos.
A mediados de noviembre dieron a conocer la primera versión de un documento técnico titulado “Política Publica de Legalización de Barrios del Municipio de Bucaramanga 2025-2035”. Es bastante teórico, pero es el punto de partida.
El tema es denso por las complicaciones técnicas, jurídicas y ambientales que apareja, los complejos y variados intereses que lo rodean y las dificultades que suele imponer la burocracia. Antes que teorizar deben aprovechar la experiencia adquirida para superar las trabas y agilizar los procesos; pero, sobre todo, para garantizar que la legalización en realidad mejore las condiciones de vida de las personas.
La solución exige un enfoque integral y metropolitano. El documento lo reconoce: “cuando un municipio endurece el control o acelera la legalización, la presión se desplaza al municipio vecino si no existe un estándar común”. Por eso hay que involucrar a Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Es la única manera de avanzar.
El instrumento debe concebirse como un mecanismo efectivo para cerrarle el paso a quienes se aprovechan de la necesidad de la población pobre y vulnerable a través de la comercialización ilegal e irregular de terrenos. La articulación con las empresas prestadoras de servicios públicos es imprescindible.
Bienvenida la actualización de la política pública, pero, ojo, la normativa que regula el tema es abundante y precisa. No hay excusa para no aplicarla mientras tanto.
No es por falta de normas, es la falta de voluntad política y la incapacidad de convertirlas en soluciones reales. Mientras eso no cambie seguiremos “apagando incendios”. La tragedia del 12 de octubre, el hecho más reciente, está ahí para recordárnoslo.
