Una nueva reforma tributaria que aumenta el IVA al aguardiente y otros licores del 5 al 19 %, incrementa el impuesto al consumo a los licores nacionales y sube los impuestos a otros productos como cigarrillos y juegos de azar, es el florero de Llorente que explica la reciente tensión entre los departamentos y el poder presidencial.
La rebelión ocurre en medio de las afugias del Gobierno de Petro para financiar su presupuesto y cumplirle a los prestamistas internacionales. Esto ha llevado al Gobierno a contratar créditos cada vez más onerosos, hacer reformas para aumentar impuestos y subirles el precio a los combustibles. En 2025, tras el hundimiento de otra reforma tributaria en el Congreso, el Gobierno declaró la emergencia económica y decretó los impuestos de la discordia.
Con esta van cinco reformas tributarias —por ley o decreto— con las que el Gobierno Petro ha obtenido 120 billones de pesos de los contribuyentes, la mayor parte provenientes de impuestos indirectos o regresivos, los que gravan de la misma forma al que mucho tiene y al que nada tiene.
Cabe recordar que con las reformas a las transferencias en 2001 y en 2007, orientadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recortarles recursos a las regiones, hicieron que, en lugar de avanzar hacia la descentralización, los departamentos se hayan convertido en el eslabón más débil de la organización territorial y presas fáciles de la banca.
En ese contexto y con una molestia entendible por la falta de concertación a la hora de definir sus asuntos, la Federación Nacional de Departamentos manifestó que: “preparan acciones jurídicas contra el Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025”. Agregaron que: “La nueva carga impositiva pone en riesgo la estabilidad financiera de las Entidades Territoriales y, con ello, la inversión y los recursos para la atención en salud, educación y deporte en todas las regiones del país”.
Ante los eventuales perjuicios en las finanzas de los departamentos, ya que el Gobierno nacional puede hacerse a los recursos recaudados mientras la Corte Constitucional define el asunto de fondo, algunos gobernadores anunciaron la aplicación de la “excepción de inconstitucionalidad”, figura que utilizó el Gobierno de Petro para no aplicar el concepto desfavorable del Senado frente a la convocatoria a una consulta popular. De esta forma los departamentos evitarían la transferencia de esos impuestos al nivel nacional. Santander anunció su aplicación.
No la tiene fácil el Gobierno nacional para justificar una emergencia económica fruto de sus propias políticas y en particular, para calificar el hundimiento de la tributaria de 2025 como un hecho sobreviniente, imprevisible y que no podía atenderse por medios ordinarios, requisitos fundamentales para avalar la declaratoria de la emergencia. Amanecerá y veremos.
