En los últimos meses, la lupa se ha centrado en la contratación a través de figuras que “tercerizan” la ejecución de obras públicas con entidades con régimen privado. Ese es el caso del Fondo Mixto FODECOL, que contrata con dineros públicos pero sin someterse a los procedimientos del Estatuto General de Contratación.
Por ello, una vez revisados los procesos de contratación de obras adelantados por FODECOL con recursos públicos en 2025, se observó:
Durante 2025, FODECOL tramitó nueve procesos de contratación de obra pública por un valor total de $151 mil millones de pesos, una cifra significativa que debería estar blindada con los más altos estándares de transparencia. No obstante, pese a la directriz expedida por la Procuraduría, FODECOL no publica sus procesos contractuales en el SECOP sino en su propia página web y solo invita a participar a unas cuantas empresas inscritas en su propio banco de oferentes, lo cual limita ostensiblemente la posibilidad de participación de interesados.
De nueve procesos, ocho tuvieron un solo oferente y el proceso restante tuvo apenas dos participantes, un claro indicador de la escasa publicidad o de la falta de garantías para que más proponentes compitan en igualdad de condiciones.
Tampoco se evidencia eficiencia en la inversión del erario. Contrastado el valor de los presupuestos oficiales de los procesos, frente al valor efectivamente contratado, el ahorro total apenas llega al 0,08%. Dos procesos tuvieron ahorro cero, cinco no alcanzaron ni el 1% de ahorro, y solo dos lograron reducciones del 4% y 6,7% respectivamente, demostrándose que, cuando se prescinde de proceso competitivos, los oferentes no tienen ningún incentivo para garantizar condiciones de calidad y precio que sean atractivas y beneficiosas para la entidad que contrata con dineros públicos.
Por otra parte, también se evidenciaron fallas en publicidad y acceso a la información. En tres de los nueve procesos no se publicó el acta de cierre; y en uno de los contratos, por 114 mil millones, no es posible conocer siquiera los integrantes de la unión temporal adjudicataria, pese a ser la única propuesta presentada, vulnerando el principio de publicidad e impidiendo el ejercicio de control social como derecho ciudadano.
Entre la invitación a proponentes y el cierre, se otorgaron apenas entre tres y diez días hábiles, plazos irrisorios para estructurar ofertas técnicas y financieras complejas, lo cual reduce aún más la posibilidad de participación.
Y como era de esperarse, también aparecen contratistas recurrentes; por lo menos tres proveedores ganan repetidamente en estos procesos, un indicador más de la falta de competitividad que permea la contratación a través de los fondos mixtos.
Lo que ocurre con FODECOL y los demás Fondos Mixtos, significa que recursos públicos pueden manejarse bajo reglas privadas, sin los contrapesos, la trazabilidad ni las garantías para proteger el interés colectivo. Es la privatización silenciosa de la contratación estatal.
