Hay declaraciones que por sí solas, deberían encender todas las alarmas de un país. No por lo que sugieren, sino por lo que confirman. En un evento público reciente, el presidente Gustavo Petro reconoció que su entonces mano derecha y hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, tuvo injerencia en los nombramientos de interventores de la Superintendencia de Salud, algunos de los cuales hoy están señalados por presunto desvío de recursos del sistema.
La gravedad de esta afirmación no radica únicamente en el señalamiento, sino en lo que revela sobre el ejercicio del poder y la responsabilidad política. El presidente admite que personas cercanas actuaron en su nombre, que se tomaron decisiones trascendentales sin su autorización y que fue engañado durante un tiempo prolongado. Más allá del relato de traiciones, lo preocupante es que, conociendo estos hechos, las cosas siguieron igual.
De allí surge una pregunta inevitable: ¿qué implica que un jefe de Estado reconozca haber sido engañado y aun así mantenga a esas personas en cargos de máxima confianza? El mensaje político es claro y profundamente negativo: la gravedad de los hechos no determina la responsabilidad, ni la permanencia en el poder depende de la rendición de cuentas.
En ese mismo sentido, resulta revelador que Sarabia haya solicitado a la Fiscalía General de la Nación revisar los registros de videovigilancia de las zonas cercanas al despacho presidencial para esclarecer cómo se tramitaron las hojas de vida de los funcionarios cuestionados, e incluso que el propio mandatario rinda una declaración juramentada sobre el origen de la información. Lejos de disipar dudas, este episodio evidencia la magnitud de una crisis interna marcada por la desconfianza y la falta de claridad en la toma de decisiones.
Este escenario refleja una lógica reiterada dentro del Gobierno: siempre hay culpables, pero nunca responsables. Se habla de engaños, traiciones y errores individuales, mientras las estructuras que permitieron estos hechos permanecen intactas. Los funcionarios rotan, los discursos cambian, pero las prácticas continúan. Las reformas anunciadas, especialmente en el sector salud, terminan estancadas entre justificaciones políticas y disputas internas.
Las consecuencias están a la vista. El sistema de salud atraviesa una de sus peores crisis, con pacientes sin atención oportuna y una red hospitalaria al límite. En ese contexto, el reconocimiento presidencial no fortalece una narrativa de transparencia; sino que deja la sensación de un poder que observa, sabe y permite.
El problema ya no es solo quién tomó las decisiones, sino por qué se sigue repitiendo el mismo patrón. Cuando se conoce la irregularidad y no se actúa, la omisión se convierte en complicidad.
A pocos días de un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, crece la incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para sostener negociaciones complejas en el ámbito internacional, cuando a nivel interno persisten estas prácticas.
Además, a pocos meses de un nuevo ciclo electoral, este tipo de situaciones nos obliga a una reflexión colectiva. No se pueden ignorar estas señales, hay que tomar decisiones informadas por el bien de todos.
