A casi todos nos ha pasado. Un celular que desaparece en el transporte público, una cartera abierta sin que nadie lo note, una transferencia que nunca autorizamos. El hurto es una escena cotidiana. Tan frecuente que, en muchos casos, ni siquiera genera sorpresa, sino una mezcla de rabia y resignación. Después del golpe inicial, aparece la duda: ¿denuncio o no denuncio?
La respuesta socialmente esperada es que sí. Que hay que denunciar. Que es un deber ciudadano. Que sin denuncia no hay estadísticas, y sin estadísticas no hay política pública. Todo eso es cierto. Pero también es incompleto. Porque una cosa es el deber y otra, muy distinta, la experiencia real del ciudadano que entra al sistema penal esperando una respuesta que rara vez llega.
El hurto cotidiano tiene múltiples modalidades. Uno de los más frecuentes —y menos visibilizados— es el del vehículo estacionado. Bastan unos minutos. Un vidrio roto, un ruido imperceptible, y nadie que mire. El daño está hecho. Muchas veces no se llevan dinero, sino objetos y hasta medicamentos. Medicamentos que, en apariencia, solo sirven para un paciente concreto. Por eso surge una pregunta inevitable: ¿se trata de un robo ciego, mecánico, en el que se arrasa con todo sin saber qué se toma, o existe un mercado silencioso que compra estos medicamentos a precio de miseria? Si lo segundo fuera cierto, el problema sería aún más grave: ya no hablaríamos solo de hurtos aislados, sino de estructuras organizadas que lucran con la reventa de este tipo de productos. En cualquier caso, el daño es doble, pues se trata de lo material y de la pérdida de algo esencial para un enfermo.
Denunciar implica tiempo, paciencia y una dosis considerable de tolerancia a la frustración. Implica narrar varias veces lo ocurrido, reunir documentos que a veces ya no existen, y aceptar que, con alta probabilidad, no habrá una investigación efectiva ni una reparación concreta. El ciudadano lo sabe. Por eso muchos no denuncian. No por pereza ni por desinterés, sino porque han aprendido que la respuesta del sistema penal suele ser mínima.
La denuncia cumple funciones limitadas: permite activar seguros, bloquear cuentas y evita que el delito se normalice. Pero no resuelve el problema de fondo. El sistema penal insiste en enfrentar el hurto cotidiano con herramientas pensadas para realidades del pasado. Las modalidades y el volumen cambiaron; la respuesta institucional, no. Usar el derecho penal como reacción automática genera más frustración que soluciones. Sin inteligencia criminal ni respuestas administrativas y tecnológicas eficaces, denunciar termina siendo un acto de fe.
¿Puede el sistema penal, tal como está, resolver por sí solo el hurto cotidiano o seguimos sosteniendo una ficción institucional?
