La salud en Colombia atraviesa una crisis que no es solo administrativa, sino profundamente ética. Con la expedición del Decreto 0182 de 2026, el Ministerio de Salud activa un mecanismo que, aunque cumple las formas del diálogo abierto, corre el riesgo de degradarse en un diálogo aparente: un escenario que prioriza la intencionalidad estratégica sobre la búsqueda de la verdad común que garantiza la vida.
Al imponer la exclusión de EPS bajo métricas territoriales del 3%, de la población afiliada en el territorio, nos enfrentamos a una neutralidad técnica que oculta barreras estructurales. Reducir a 6 millones de ciudadanos a una cifra estadística es caer en la lógica del Yo-Ello de Martin Buber, donde el paciente es tratado como un objeto funcional y no como un ser humano. Si la transición se realiza sin una capacidad de respuesta tangible, la apertura formal del modelo solo producirá una parálisis sistémica.
El éxito de los Equipos Básicos de Salud (EBS) depende de transitar de la opacidad hacia una transparencia auténtica. No basta con el registro administrativo en el territorio; se requiere un encuentro Yo-Tú, un reconocimiento mutuo donde la palabra del paciente transforme la gestión pública. De lo contrario, los EBS serán solo un ritual para legalizar recursos, dejando intactas las causas profundas de la desigualdad.
Implementar este modelo desde la centralidad de Bogotá, ignorando la fragilidad institucional de la periferia, es una forma de inclusión y exclusión simbólica simultánea. La realidad demanda del Gobierno una honestidad radical para reconocer que la infraestructura actual es insuficiente para sostener la ambición preventiva del decreto.
Ante este panorama, las Veedurías en Salud deben evolucionar. Su papel no es solo vigilar procesos, sino ser arquitectos de un diálogo auténtico que reconstruya la confianza social a través de la continuidad humana, la verificación territorial y la pluralidad de la red.
Entonces, el control ciudadano debe enfocarse en defender la continuidad humana, para que los trámites de traslado no rompan la relación con el médico ni frenen los tratamientos, respetando la historia de vida del paciente; exigir una presencia real, asegurando que el trabajo de los equipos de salud se sienta de verdad en los barrios y veredas, y no se quede en nombres anotados en planillas vacías para cumplimiento contractual; y proteger la variedad de opciones, para evitar que el servicio se concentre en unos pocos afectando la calidad de la atención.
El Decreto 0182 debe dar el salto hacia la autenticidad para alcanzar la culminación del diálogo verdadero: aquel que traduce la intención política en justicia social y compromisos vinculantes. La salud no es el resultado de un cumplimiento normativo, sino el fruto de una estructura que responde con rigor y humanidad a la realidad del ciudadano.
