Bucaramanga enfrenta hoy una de las decisiones más relevantes de su historia reciente. El proyecto de Acuerdo 011, presentado por la administración del alcalde Cristian Portilla al Concejo Municipal, propone autorizar un empréstito por más de quinientos mil millones de pesos, destinado a la modernización de la semaforización y la ejecución de dos obras viales. Esta operación, sumada a los créditos vigentes y sus intereses, llevaría al tope máximo el endeudamiento de una ciudad con múltiples necesidades.
Por el monto de la operación financiera, se trataría de la más alta en la historia de una ciudad que, tal como lo advirtió Consuelo Ordóñez, renunciaría a otras intervenciones que han sido diagnosticadas como prioritarias para los bumangueses. Por ello, la magnitud del proyecto exige más que una justificación presupuestal. Requiere de un debate público del más alto nivel, sustentado en criterios técnicos, jurídicos, financieros y urbanísticos, pero sobre todo de una lógica de planificación abierta y dinámica que promueva relaciones bidireccionales con la comunidad y el sector empresarial, generando una visión integral del territorio y la definición de una hoja de ruta coherente con los retos futuros de una Bucaramanga que carece de un proyecto de ciudad.
El diagnóstico de la administración no es equivocado: Bucaramanga está estancada. La movilidad es caótica, la contaminación alcanza niveles peligrosos, no hay cohesión social, no funciona el esquema asociativo, la inflación es la más alta del país, los altos impuestos reducen la competitividad, no hay industria, el mercado inmobiliario está en crisis y no existe conectividad con otras regiones. Sin embargo, reconocer el problema no equivale a resolverlo.
No es el cemento el que va a sacar la ciudad del atraso. Primero se debe definir un modelo de planeación; luego, como consecuencia, llegan las obras. Invertir este orden ha sido uno de los principales factores de fracaso en la gestión pública local, lo cual se evidencia en proyectos como Metrolínea, la remodelación de los colegios y la ampliación de “La Virgen – La Cemento”, entre otros, que terminan en sobrecostos y retrasos. El debate no se puede reducir a si la ciudad debe o no endeudarse; en realidad, el problema es cómo se está haciendo.
Pretender aprobar un proyecto de tal impacto en el término de una semana, sin la documentación técnica y financiera completa, mediante el uso de narrativas ideológicas y atajos riesgosos para imponer una decisión, es una señal de debilidad argumentativa. Esto no construye proyecto de ciudad. La deliberación pública es una condición para la sostenibilidad y legitimidad de cualquier política a largo plazo.
No hay afán para aprobar la deuda. Las ciudades que avanzan no son aquellas que deciden más rápido, sino aquellas que deciden mejor.
