El principal obstáculo para avanzar en acuerdos entre autoridades y manifestantes del Paro Nacional Catastral, que hoy tiene en jaque al departamento de Santander, es la desinformación.
En materia catastral no existen soluciones homogéneas. Cada municipio, incluso cada predio, responde a dinámicas propias. Cualquier propuesta debe partir de un diagnóstico jurídico y técnico diferenciado. No es lo mismo el rezago que la actualización catastral; no todos los avalúos están mal hechos; y las responsabilidades institucionales son compartidas. Ignorar estas premisas profundizan una crisis sin salida.
El caso de Lebrija, epicentro de las protestas, ilustra con claridad esta problemática. Es la evidencia de cómo la opinión mediática desinformada y el desconocimiento técnico han generado un caos que se viene advirtiendo desde hace tiempo y que se pudo prevenir.
En 2024, mediante el Convenio Interadministrativo N.° 525, la Alcaldía y el IGAC adelantaron un proceso de “conservación dinámica” que derivó en la actualización de avalúos con efectos para la vigencia 2026. Sin embargo, de forma paralela, se aplicó el rezago catastral sobre los mismos predios, generando incrementos adicionales para ese mismo periodo. El resultado fue un traslape de instrumentos incompatibles. Mientras se ajustaban los avalúos por conservación, se incorporaban simultáneamente incrementos por rezago, distorsionando la base catastral.
Frente a este escenario, la Secretaría de Hacienda optó por tomar como referencia los avalúos derivados del rezago, sin aplicar los límites legales previstos para este tipo de incrementos. A ello se suma la existencia de cobros paralelos en los recibos, lo que en la práctica genera una carga fiscal desproporcionada.
Las consecuencias a hoy no han sido contempladas por los actores del paro. Incluso si se elimina el rezago por presión social, los avalúos derivados de la conservación seguirían vigentes, con tarifas plenas y sin acceso a los mecanismos de alivio de la Ley 1995 de 2019. El problema, por tanto, no desaparece, se transforma.
A la indebida liquidación de los prediales, se suman los errores en los avalúos catastrales. La metodología incorpora información de negocios inmobiliarios que, en contextos como Lebrija, están marcados por parcelaciones informales en suelo rural, elevando artificialmente los valores del suelo, con un efecto claro: los predios rurales productivos terminan con valores impagables, incentivando la urbanización informal en suelos con destinación agrícola, impactando la sostenibilidad y la seguridad alimentaria.
Lo que ocurre en Lebrija refleja fallas estructurales históricas en la región: debilidad en la planeación, falta de articulación institucional y ausencia de rigor técnico en la toma de decisiones. Sin diagnóstico preciso ni pedagogía pública, el catastro deja de ser un instrumento de ordenamiento y se convierte en un factor de conflicto.
El problema no es el catastro, es como se está gestionando.
