“¿Y eso para qué sirve?” La mayoría de las personas no sabe que este mecanismo existe ni en qué casos puede utilizarse.
Un acuerdo de apoyo es una forma legal de ayudar a alguien a tomar decisiones sin reemplazarlo. Está pensado para personas que tienen dificultades para comprender ciertos asuntos o desenvolverse en trámites, pero que siguen siendo capaces de expresar lo que quieren. Puede tratarse de adultos mayores, personas con discapacidad cognitiva o psicosocial, personas con problemas de salud mental o quienes, por una condición temporal, necesitan acompañamiento para entender y decidir frente a un asunto jurídico.
En esas situaciones, la ley permite que la persona elija a alguien de confianza, como un familiar, para que la acompañe. No para decidir por ella, sino para ayudarle a entender, a comunicarse y a actuar en escenarios complejos.
Durante años, la respuesta del derecho fue distinta. Cuando alguien tenía dificultades, se acudía a un juez para que otro decidiera en su lugar. La Ley 1996 de 2019 cambió ese enfoque. Hoy la persona mantiene su derecho a decidir y, en lugar de ser sustituida, recibe apoyo para ejercerlo.
A pesar de ese cambio, en la práctica sigue existiendo confusión. Muchas personas creen que, ante cualquier dificultad, lo correcto es acudir directamente a un juez de familia. Pero no siempre es necesario.
Cuando la persona puede manifestar su voluntad, así sea con dificultad, y tiene claro en quién confía, el acuerdo de apoyo es suficiente. Es un trámite ágil, que puede formalizarse ante notaría y, en muchos casos, se resuelve en pocos días. Además, quienes no cuentan con recursos pueden acudir a consultorios jurídicos universitarios, donde reciben orientación y acompañamiento sin costo.
La intervención del juez aparece en otro escenario. Cuando la voluntad no es clara, hay desacuerdos entre familiares o existe riesgo de abuso, el proceso judicial se vuelve necesario. En esos casos, el trámite es más largo, puede tardar meses o más de un año, y es el juez quien define quién apoya y bajo qué condiciones.
Cada mecanismo responde a una necesidad distinta.
En la práctica, Hay casos en los que se acude al juez sin necesidad, prolongando decisiones que podrían resolverse de manera directa. Y también ocurre lo contrario: se recurre a soluciones informales en situaciones que requerían control judicial, dejando a la persona sin protección adecuada.
Al final, lo que está en juego es el derecho de una persona a decidir sobre su vida, incluso cuando necesita ayuda para hacerlo. La ley cambió la forma de entender ese derecho. El reto ahora es aplicarlo correctamente, y asumir que decidir por otro ya no es opción.
