El panorama no pudo ser más complejo. Vías bloqueadas, pérdidas millonarias, abusos ciudadanos e incompetencia institucional. Así se resume la situación que se presentó en Santander por cuenta de las protestas derivadas del incremento significativo en los avalúos catastrales y en la tarifa que algunos municipios están cobrando por concepto de impuesto predial.
La reacción por el manejo, bueno, si es que pudiera calificársele de esa manera, que las autoridades le dieron al tema no se hizo esperar. Alcanzó, incluso, para que algunos reclamaran el uso de la fuerza para terminar con los bloqueos. Como si lo que ocurrió en el “estallido social” de 2021 no hubiera dejado lecciones suficientes.
No hay forma de deslegitimar el derecho fundamental a la protesta. Los ciudadanos pueden reunirse pública y pacíficamente para expresar su inconformidad. Claro que sí. Lo que no tiene sentido es que el ejercicio de esa prerrogativa cause un perjuicio mayor que el que la origina. La reacción tardía de las autoridades en la respuesta a una problemática de la que estaban suficientemente enteradas, sobre la que se les había advertido desde diversos sectores, y que no afrontaron oportunamente, tampoco tiene justificación.
La inconformidad ciudadana estuvo más que justificada.
El incremento en el avalúo catastral, base gravable del impuesto predial, derivado de la aplicación de un artículo del Plan de Desarrollo del actual gobierno, fue el primer detonante. Como si no fuera suficiente, algunos municipios desbordaron los límites que regulan el incremento de la tarifa del tributo. Ahí estalló todo.
Hay dos escenarios que explican la controversia. Conviene diferenciarlos.
El avalúo catastral, que corresponde al valor de un predio resultante de un ejercicio técnico a cargo del gestor catastral; y la tarifa del impuesto predial, que definen y liquidan los municipios por tratarse de una renta propia.
Las inconsistencias que se presenten en la determinación del avalúo catastral las debe resolver el gestor catastral. En Santander son tres: el Área Metropolitana de Bucaramanga, para Bucaramanga, Girón y Piedecuesta; el municipio de Floridablanca, para los inmuebles ubicados en esa ciudad; y el IGAC, para los demás municipios del departamento. Este es un escenario técnico.
La determinación de la tarifa del impuesto predial es competencia de cada municipio. La base es el avalúo catastral, y la normativa impone unos límites precisos: el incremento no puede superar el 50% o el 100% del monto liquidado el año inmediatamente anterior. Es un asunto de equidad y justicia tributaria. Un escenario jurídico y político, bastante complejo.
La presión social sacó a las autoridades del letargo en el que estaban; aunque siguen enfrentadas y dando tumbos. La protesta es legítima, pero no justifica que se use para agravar el problema que busca resolver.
