Lo que ocurrió en Santander y otras regiones del país en las últimas semanas nos deja una lección evidente: cualquier cambio, por necesario que sea, fracasa cuando no se adapta a la realidad social y económica de los territorios.
Eso fue lo que ocurrió con la actualización catastral y su impacto en el impuesto predial. Una medida orientada a corregir rezagos históricos en los avalúos terminó desatando una crisis que paralizó al departamento durante varios días.
Lo más preocupante es que muchas de estas consecuencias eran previsibles. Un cambio de esta magnitud exigía planeación y una implementación gradual. Sin embargo, en numerosos municipios se aplicó de forma rígida, sin suficientes estudios técnicos ni ajustes que consideraran la capacidad real de pago de la población rural. Aquí es donde la discusión se vuelve más compleja: la responsabilidad es compartida.
Solo cuando las manifestaciones ya habían bloqueado vías nacionales y afectado la economía comenzaron las reacciones: mesas de diálogo, revisión de avalúos y compromisos de ajuste. Entre los acuerdos se incluyeron la revisión de incrementos, facilidades de pago, acompañamiento técnico a los municipios y la participación de las comunidades campesinas. En otras palabras, se hizo lo que debió hacerse desde el principio.
Ese punto abre una pregunta inevitable: ¿quién debía evitar que la crisis escalara hasta ahí? Aunque el detonante fue la actualización catastral impulsada por el Gobierno Nacional a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), sin una transición clara que mitigara el impacto en las zonas rurales, los gobiernos locales también fallaron en anticiparse.
Alcaldes y concejos municipales no solo tienen, sino que tenían la capacidad de ajustar tarifas, diseñar alivios e implementar esquemas diferenciales para evitar que el nuevo avalúo se tradujera automáticamente en un mayor cobro. El problema es que, en muchos casos, esas herramientas no se usaron a tiempo.
Las consecuencias fueron inmediatas. Durante seis días, el paro campesino afectó el transporte, el abastecimiento y el comercio. Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), las pérdidas oscilaron entre 80.000 y 120.000 millones de pesos diarios, lo que representa un impacto cercano a los 700.000 millones en menos de una semana. Así, una medida que no se implementó adecuadamente terminó escalando a un problema económico regional.
Y es precisamente ese impacto el que permite dimensionar que había otras formas de hacerlo. Antioquia ofrece un contraste relevante: desde hace varios años ha avanzado en la actualización progresiva de los predios, evitando choques bruscos y construyendo capacidades propias. Hoy es el departamento con mayor cobertura de gestión catastral autónoma en el país, demostrando que es posible hacer estos procesos sin generar rupturas.
La lección no es nueva, pero sí contundente: las decisiones no fallan solo por su intención, sino por su ejecución. No se trata de trasladar responsabilidades ni de reaccionar bajo presión, sino de anticiparse y entender el territorio. Porque cuando eso no ocurre, las consecuencias dejan de ser técnicas y se convierten inevitablemente en crisis sociales y económicas.
