En medio del debate sobre el uso del endeudamiento público en Bucaramanga y su área metropolitana, hay una pregunta que aún no se hace con la suficiente fuerza: ¿por qué no estamos utilizando esos recursos para resolver el problema más urgente de miles de familias, el acceso a vivienda?
No es un problema jurídico, es un problema de decisión. Barranquilla lo está haciendo. A través de un acuerdo de su Concejo Distrital, autorizó al alcalde a comprometer vigencias futuras para financiar un programa de acceso a vivienda, denominado “Mi Techo Propio”. Es decir, utilizó una herramienta legítima de endeudamiento para convertirla en una política social y económica concreta.
Mediante decreto, estructuró un modelo que permite a las familias acceder efectivamente a vivienda, reconociendo que los municipios tienen competencia para promover y financiar proyectos de vivienda de interés social con recursos propios.
El programa contempla subsidios de hasta $44 millones para vivienda de interés prioritario, apoyos cercanos a $37 millones para vivienda de interés social y, lo más importante, un subsidio mensual a la cuota del crédito que puede llegar hasta $600.000, pagado directamente a la entidad financiera.
Es la diferencia entre poder comprar vivienda o seguir pagando arriendo toda la vida. Además, reduce el déficit cuantitativo que, para 2027, en el área metropolitana de Bucaramanga podría llegar a las 50.000 viviendas; genera empleo y dinamiza el sector constructor, que a su vez mueve 32 subsectores de la economía. Es decir, una política pública que no solo resuelve un problema social, sino que activa la economía.
En ese contexto, la pregunta es clara: ¿es mejor que los municipios se endeuden para otorgar subsidios de vivienda o para construir un puente que precariamente conecta barrios y no ciudades?
¿Por qué, teniendo las mismas facultades constitucionales y legales, nuestros concejos municipales siguen viendo el endeudamiento únicamente como una herramienta para financiar obras tradicionales y no proyectos que transforman la vida de los ciudadanos metropolitanos?
El problema no es el endeudamiento. El problema es en qué se invierte. Hoy, el Gobierno Nacional acabó los programas de vivienda, dejando a miles de familias sin alternativas reales. Ese vacío existe. Y las ciudades pueden llenarlo, pero no lo están haciendo.
Los concejos municipales tienen la capacidad de autorizar vigencias futuras, orientar el gasto público y definir prioridades de inversión. Podrían estructurar un programa local o metropolitano que combine subsidios directos, apoyo a la cuota del crédito y articulación con el sector constructor.
Podrían convertir el endeudamiento en una herramienta de acceso a propiedad y de paso, en una estrategia de reactivación económica.
La vivienda también es infraestructura. Pero es la infraestructura social la que transforma vidas. Aún no damos ese paso, y por eso la pregunta hoy no es técnica, es política:
¿Van a seguir aprobando endeudamiento para lo mismo de siempre, o van a usarlo para que miles de familias puedan tener vivienda propia?
La verdadera obra pública no es la que se inaugura ni la que paga favores; es la que le cambia la vida a la gente.
