Inaceptable que lo sucedido en Santander, producto de los bloqueos, no genere reflexiones y aprendizajes. “Estamos secuestrados en Bucaramanga” afirmó Juan Felipe Montoya, uno de los empresarios más importantes de Santander. Cinco días duraron los habitantes, particularmente del área metropolitana, sin poder moverse libremente. Por el pésimo estado de las vías, ya muchos asocian al departamento como una isla. Ahora había que sumarle que todas las conexiones fueron bloqueadas incluido el aeropuerto, que se convirtió en la toma más importante por parte de los protestantes. Se asfixió a Santander pese a que la problemática era nacional.
Las pérdidas se estiman en 600.000 millones de pesos. Todos los sectores fueron impactados. Más de 14 mil pasajeros perdieron sus vuelos. Por tierra, la parálisis de la terminal de transporte afectó a más de 100.000 personas. El turismo, la hotelería y el entretenimiento pararon en seco. Cerca de 57 millones de aves del sector avícola sufrieron escasez de alimento. Once mil huevos y 1.500 toneladas de pollo estuvieron represadas. Lo mismo sucedió con otros alimentos, combustible y demás productos y servicios. Y se empezó a generar una subida de precios, en la ciudad con el mayor nivel de inflación en Colombia.
Pero más allá de los cuantiosos costos económicos, los habitantes perdieron la dignidad. Ver mujeres embarazadas, bebés al hombro o en coche bajando del aeropuerto al sol y al agua era una imagen desgarradora. Llegar al punto de bloqueo en el peaje de Lebrija ya era una odisea y de ahí se debía caminar 4 kilómetros hasta el aeropuerto con las maletas. Las economías informales empezaron a surgir. Se veían caras de impotencia, rabia, tristeza y angustia. Las razones de la protesta eran absolutamente legitimas producto de un excesivo aumento de los avalúos por parte del gobierno nacional, lo que merece toda la solidaridad. Sin embargo, eso no significa que se tiene licencia para vulnerar los derechos del resto de la población.
¿Era necesario llegar a ese punto? ¿Por qué tanta intransigencia y falta de previsión? ¿Qué tanto las comunidades se dejaron afectar de fuerzas externas al departamento e intereses políticos? ¿Cuál fue el rol de los mandatarios? Lo cierto es que mientras el presidente amenazaba a las autoridades locales de llevarlas a la cárcel, el gobernador y el alcalde de Lebrija se dedicaron a entender el problema y buscar soluciones. Finalmente, se logró que la resolución del IGAC fuera modificada y se creara un referente de acuerdo a nivel nacional. ¿Los santandereanos son el problema y al mismo tiempo la solución? ¿El IGAC tiene las capacidades para atender los requerimientos? ¿Hay un protocolo para evitar que algo similar vuelva a ocurrir? Bajados los ánimos es una oportunidad para reflexionar y planear.
