Lo que está ocurriendo con Agrosavia no puede presentarse como un simple ajuste administrativo. Es, en los hechos, un proceso de debilitamiento de una de las pocas instituciones técnicas del Estado que todavía conserva capacidades reales para investigar, transferir tecnología y proteger activos estratégicos del agro colombiano. Y ese debilitamiento está ocurriendo por dos vías: el recorte presupuestal y el desmonte institucional.
Las cifras son contundentes. La planta de personal financiada con recursos de la transferencia del Ministerio de Agricultura pasó de 2.020 personas en 2024 a 1.721 en 2025, una reducción de 14,8 %. Al mismo tiempo, el presupuesto cayó de $299.325 millones en 2024 a $226.754 millones en 2025, luego reducido a $216.754 millones tras aplazamientos, y el anteproyecto para 2027 apenas alcanzaría $120.169 millones. Si esa trayectoria se mantiene, estaríamos hablando de un recorte cercano al 60 % frente a 2024. Eso no es austeridad: eso es desmantelamiento.
Lo más preocupante es que este recorte coincide con un cambio de enfoque que parece desconocer la naturaleza misma de Agrosavia. Se ha querido insinuar que la participación del sector privado en la entidad es una suerte de desviación o de captura. Pero esa lectura es equivocada. Agrosavia ha funcionado justamente como una plataforma de articulación entre ciencia pública, productores, universidades, cooperación internacional, gremios y sector privado. En 2025 logró movilizar $78.043 millones en recursos de aliados y celebró 110 alianzas: 25 con entidades internacionales, 24 con entidades públicas, 26 con fundaciones y entidades privadas, 21 con universidades, 6 con gremios y 6 con asociaciones de productores. Esa red no debilitaba a Agrosavia: la fortalecía.
Por eso el verdadero problema no es la presencia del sector privado, sino la destrucción de la capacidad pública que permitía gobernar esas alianzas con criterio técnico. Cuando una institución científica pierde presupuesto, personal y estabilidad, pierde mucho más que caja: pierde memoria, continuidad, laboratorios y talento humano especializado.
La alarma crece todavía más con la propuesta de trasladar la administración de los bancos de germoplasma hacia un modelo de custodia compartida liderado por el ICA. Allí está en juego el patrimonio genético del país: semillas, razas criollas y materiales biológicos esenciales para la productividad futura, la resiliencia climática y la seguridad alimentaria.
Aquí aparece otra confusión peligrosa: creer que “democratizar” equivale a fragmentar la custodia científica o a relativizar la exigencia técnica. Vincular comunidades, productores, redes locales y organizaciones territoriales es deseable y necesario. Pero una cosa es ampliar el acceso, y otra muy distinta es desinstitucionalizar la conservación del patrimonio genético.
Si el Estado sigue desmontando la ciencia agropecuaria, después no podrá fingir sorpresa cuando caiga la productividad, se pierda soberanía tecnológica y el país dependa cada vez más de conocimiento importado.
