Criticar la lentitud de la justicia es una costumbre nacional. Quien litiga lo sabe y quien espera una decisión también. En el ejercicio profesional hay tiempos que parecen asumirse como inevitables: apelaciones que tardan meses o incluso años; audiencias aplazadas cuya nueva fecha termina fijándose varios meses después; procesos que permanecen inmóviles mientras las personas involucradas esperan respuestas que no llegan con prontitud.
La reacción inmediata suele ser la frustración. Se culpa al juez, al juzgado o al tribunal y se concluye que existe desinterés o negligencia. Pero con frecuencia se desconoce que, en realidad, existen despachos judiciales que no cuentan con el talento humano suficiente para responder al volumen de trabajo que soportan.
No son pocos los funcionarios que extienden sus jornadas más allá del horario laboral. Horas que deberían pertenecer al descanso, a la familia o a asuntos personales terminan dedicadas a sacar adelante procesos acumulados. Horas invertidas tratando de avanzar y reducir un atraso que parece crecer más rápido que cualquier esfuerzo individual.
Retrasar decisiones también tiene consecuencias humanas. Las víctimas esperan respuestas para cerrar ciclos dolorosos. Los procesados tienen derecho a que su situación jurídica se defina en un plazo razonable. Y los abogados terminan atrapados entre la espera de sus clientes y procesos que no avanzan.
Existe, además, una consecuencia para el litigante. El abogado debe responderle a su cliente y explicarle, una y otra vez, que el expediente continúa exactamente en el mismo estado. Quien acude al sistema de justicia y desconoce su funcionamiento interno muchas veces concluye que el abogado no trabaja o que simplemente le está mintiendo.
Por otra parte, tampoco sería correcto atribuir toda la responsabilidad al Consejo Superior de la Judicatura. El problema es estructural. La forma en que se crean nuevos delitos, se asignan recursos, se establecen prioridades institucionales y se organiza la respuesta del sistema también termina afectando la cantidad de procesos y el tiempo que tarda la justicia en decidir.
La solución requiere decisiones estructurales y también preguntas esenciales: ¿el derecho penal debe seguir siendo la respuesta automática para todo conflicto? Quizás ha llegado el momento de fortalecer con decisión la justicia restaurativa, ampliar mecanismos alternativos de solución de conflictos y reservar la intervención penal para aquello que realmente exige la reacción adversarial del Estado.
Surge entonces otra inquietud: ahora que abundan diagnósticos sobre los problemas del país y aparecen fórmulas para resolver casi todo, ¿cuándo dejará de aplazarse una discusión de fondo sobre el colapso de la justicia, uno de los problemas que más afecta la vida de muchos ciudadanos? ¿Quién asumirá la responsabilidad de impulsar soluciones reales o seguiremos aceptando que las personas esperen durante años respuestas que deberían llegar a tiempo?
