Publicado por: Martha Elena Pinto
La seguridad vuelve a ocupar el centro del debate nacional. Tras varios años en los que la llamada Paz Total se presentó como la principal apuesta para poner fin a la violencia, el balance que hoy hacen numerosos analistas es profundamente crítico. La promesa de negociar simultáneamente con múltiples organizaciones armadas terminó, según sus detractores, fortaleciendo las capacidades militares y económicas de esos grupos, mientras el Estado veía disminuir su presencia efectiva en amplias zonas del territorio.
Esa es la radiografía que expuso recientemente el sociólogo y analista político Eduardo Pizarro León Gómez, quien describió un panorama preocupante en el programa Periodistas sin Filtro, conducido por Javier Mozzo y Gilda Sarmiento. Hoy tenemos organizaciones ilegales más robustas, una Fuerza Pública con limitaciones operativas por el deterioro de sus equipos, pérdida de control territorial y una Dirección Nacional de Inteligencia cuestionada por su presunta politización. Más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir frente a ese diagnóstico, resulta innegable que Colombia enfrenta un deterioro en materia de orden público que exige respuestas concretas.
En ese contexto, el nombramiento del general (r) Jorge Enrique Mora López como ministro de Defensa se entiende como una señal de que el nuevo gobierno está decidido a recuperar capacidades institucionales y replantear la estrategia de seguridad. No obstante, ninguna escogencia, por acertada que parezca, producirá resultados inmediatos. La recuperación del control territorial, el debilitamiento de las estructuras criminales y la eventual aprobación de una ley de sometimiento a la justicia requerirán tiempo, voluntad política y un amplio respaldo institucional.
A estos retos se suma un ambiente político particularmente tenso. Los anuncios de movilizaciones, llamados a la desobediencia civil y las controversias jurídicas alrededor del proceso electoral amenazan con trasladar la confrontación del escenario político al espacio público. Si bien el derecho a la protesta constituye una garantía fundamental, también lo es el respeto por las reglas del Estado de derecho. Desconocer los canales institucionales solo profundiza la polarización y debilita la confianza ciudadana.
El nuevo gobierno deberá demostrar que es posible ejercer autoridad sin renunciar a las libertades, fortalecer a la Fuerza Pública y construir una política de seguridad que combine inteligencia, presencia estatal e inversión social. Esa será, quizá, la prueba más difícil de su mandato.
La seguridad no puede seguir siendo rehén de los intereses partidistas ni de las disputas ideológicas. Si el país aspira a recuperar la tranquilidad y la confianza en sus instituciones, será indispensable que gobierno, oposición y ciudadanía comprendan que la defensa de la democracia comienza por respetar la Constitución, fortalecer el Estado y anteponer el interés nacional a cualquier cálculo político. Ese es el verdadero desafío que marcará el rumbo de los próximos años.
Por: Martha Elena Pinto de de Hart
