La designación del biólogo Fabio Arjona como nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible —por parte de míster Abelardo— despertó polémicas y rechazo por parte de comunidades agrícolas, étnicas y defensores del agua. Recuerdan con críticas su paso como gerente ambiental de la Empresa Multipropósito Urrá, que construyó la represa Urrá sobre el río Sinú, y antes ocupó la dirección de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Río Sinú y del San Jorge. La represa fue construida a pesar de la razonable oposición de las comunidades afectadas: pescadores, agricultores y el pueblo Embera Katío. Ellos responsabilizan a los gestores y aprobadores de la represa de “causar un daño irreversible al ecosistema del río Sinú, bloquear los ciclos migratorios de los peces (afectando la seguridad alimentaria) y generar graves inundaciones y pérdidas culturales”. Una investigación de la Universidad Nacional se titula: “Represa de Urrá y los Katíos: el etnocidio es un genocidio con y sin pólvora”. Varios países han eliminado cientos de represas para restaurar ecosistemas.
Además, Arjona declaró que la principal tarea que tendrá su administración en materia de explotación de hidrocarburos será “hacer un fracking responsable”. Arjona parece desconocer que no existe el fracking “responsable”. Científicos e instituciones acreditadas internacionales han confirmado que agrava la crisis climática mundial, pues emite metano, un poderoso gas de efecto invernadero. La Organización Meteorológica Mundial (junio 29/2026) ha advertido que “los desastres climáticos son cada vez más frecuentes, más destructivos y más costosos. Y esto es solo el principio”. Además, se ha comprobado que el fracking aumenta los sismos, libera material radiactivo, registra un consumo excesivo de agua, genera contaminación de las aguas y del aire y requiere enormes costos, por lo que ha sido prohibido en varios países desarrollados.
En Estados Unidos se informó (Signal, abril 30/2026): “Un tribunal de Ohio dictaminó que la empresa de fracking que causó terremotos no recibirá indemnización. Los magistrados dictaminaron que la suspensión por parte de los reguladores de dos pozos de residuos de fracking que provocaron dos terremotos no fue una «expropiación gubernamental», rechazando así la solicitud”. Reuters (junio 17/2026) informó: “Alarma por los riesgos para la salud del fracking en la ciudad estadounidense de Arlington, sede del Mundial. Casi un millón de personas en Arlington viven a menos de 800 metros de un yacimiento de fracking; la extracción de gas se realiza a 100 metros de viviendas, escuelas y guarderías. Los niños están muy expuestos a los riesgos para la salud que conlleva esta industria, a diferencia de países europeos, como Francia, que han prohibido la fracturación hidráulica”.
Frente a todos estos riesgos asociados al fracking y a otras de sus propuestas, ¿no aplicará el nuevo gobierno el principio de precaución establecido en la legislación colombiana?
