Durante décadas, Ecopetrol ha sido considerada la joya de la corona de Colombia. No solo por ser una de las empresas más importantes del país, sino porque constituye uno de sus principales activos estratégicos y una de las mayores fuentes de ingresos para la Nación.
De su desempeño dependen las regalías para las regiones, los recursos para la inversión pública y una parte importante de la estabilidad fiscal. Además, las políticas que orientan a Ecopetrol son fundamentales para garantizar la seguridad energética del país. Por eso, protegerla nunca ha sido un asunto de ideologías, sino una responsabilidad con todos los colombianos.
Sin embargo, en los últimos años esa condición quedó relegada. Ecopetrol pasó de ser noticia por sus resultados a ocupar titulares por las controversias alrededor de su administración, las dudas sobre la política energética y decisiones que terminaron afectando la confianza de los inversionistas.
La decisión del gobierno de Gustavo Petro de no suscribir nuevos contratos de exploración de petróleo y gas marcó un punto de inflexión. Si bien la transición hacia energías más limpias es un objetivo necesario, numerosos expertos advirtieron que avanzar en ese camino sin una estrategia clara para reemplazar los ingresos provenientes de los hidrocarburos podría comprometer la seguridad energética y la estabilidad fiscal del país.
A ese panorama se sumaron los cuestionamientos alrededor de la administración de Ecopetrol. Las investigaciones que rodean a su presidente, Ricardo Roa, por la financiación de la campaña presidencial de 2022, junto con el escándalo por la contratación de millonarios servicios de inteligencia para hacer seguimiento a directivos de la propia compañía, terminaron golpeando la confianza en su gobierno corporativo. Aunque será la justicia la que determine las responsabilidades, el impacto reputacional sobre la empresa ha sido evidente.
Las cifras reflejan parte de ese deterioro. Después de registrar utilidades históricas por 33,4 billones de pesos en 2022, Ecopetrol acumuló tres años consecutivos de caídas: 19 billones en 2023, 14,9 billones en 2024 y cerca de 9 billones en 2025.
Es cierto que factores internacionales, como la disminución de los precios del petróleo, incidieron en esos resultados. Sin embargo, la incertidumbre sobre el rumbo de la compañía también terminó pesando en la percepción de los mercados y en las expectativas de crecimiento.
Ecopetrol no está quebrada. Sigue siendo una empresa sólida y uno de los principales soportes de las finanzas públicas. Precisamente por eso es indispensable fortalecer su gestión y garantizar que las decisiones sobre su futuro respondan a criterios técnicos y empresariales, más que a intereses políticos.
El presidente electo ha anunciado un plan para reactivar la exploración de hidrocarburos, fortalecer el gobierno corporativo y devolverle a la compañía un enfoque técnico. También resulta esperanzador su compromiso de trabajar para incrementar la producción de petróleo de 700.000 a 1,3 millones de barriles por día, una meta que contribuiría a fortalecer la seguridad energética y la capacidad productiva del país.
Ahora el reto es cumplir. Ecopetrol necesita recuperar el liderazgo y la credibilidad que exige una empresa llamada a impulsar el desarrollo nacional. Recuperarla no es solo una tarea del próximo gobierno, sino una tarea de país.
