Colombia está viviendo una tragedia con cerca de 300 víctimas fatales, 4.000 heridos y miles de familias afectadas, pérdidas económicas aún no calculadas y una angustia tremenda por el futuro, que exigirá una capacidad especial de los entes territoriales y el Gobierno Nacional para reconstruir no solo la infraestructura, sino la estabilidad psicológica y económica de toda la región. Dicho esto, es de resaltar la enorme solidaridad desplegada a lo largo y ancho del país, que ha generado una relativa tranquilidad por la suficiencia de recursos humanos, técnicos y económicos para la intervención inicial, pero la tarea seguirá por varios años y no es fácil. Recordemos programas de reconstrucción como Providencia, con 1,3 billones, o Gramalote, con cerca de medio billón, que enfrentaron muchos bemoles.
A nosotros no nos pasó nada más que un susto fuerte, pero puede pasarnos algo igual o peor, mucho peor, porque la vulnerabilidad de nuestro territorio es enorme. La mayoría de los sismos más fuertes reportados en Colombia se han generado en el occidente, pero según los mapas de amenaza sísmica del Servicio Geológico Colombiano, los sectores con mayor amenaza incluyen varios puntos de la Cordillera Oriental, especialmente en Bucaramanga y sus alrededores.
La comunidad científica no nos permite prevenir los terremotos, calcular probabilidades sí, pero definir el día y hora es imposible. Lo que sí nos han enseñado es que riesgo (probabilidad de impacto) es el resultado de agregar amenaza (causa) con vulnerabilidad (susceptibilidad o fragilidad que tiene una comunidad de ser afectada). En nuestro caso, la vulnerabilidad está representada no solo en la falta de experticia o elementos técnicos para enfrentar un evento de este tipo, sino en la ubicación de miles de viviendas sin las condiciones estructurales necesarias en zonas donde pueden presentarse deslizamientos, inundaciones o avalanchas. Un sismo fuerte podría derivar en cualquiera de estos eventos.
Hace 10 meses Vanguardia publicó la sentencia del Consejo de Estado frente a una Acción Popular donde ordenaba a la Alcaldía y la CDMB realizar los estudios y obras de mitigación en 20 sectores de la escarpa suroccidental que se han poblado en los últimos años, sin olvidar la comuna 14 y otros asentamientos informales en todo el borde occidental. Sé que se han realizado algunas obras, pero el costo de estas infraestructuras es enorme y no alcanza a cubrir la totalidad de las zonas amenazadas y menos aún si no hay un control estricto para evitar que más familias lleguen a habitarlas. Por eso no hay que descartar la reubicación, que solo puede lograrse con una estrategia poderosa de vivienda social que afortunadamente hoy está en manos de santandereanos y esperamos que sea posible para reducir nuestro riesgo latente.
