El método no es nuevo en Colombia. Recurrentemente ha sido utilizado por nuestros gobernantes en los últimos 80 años. Cada administración ha usado a la Fuerza Pública para tratar de demostrar que controla todo el territorio de la República. Desde el nueve de abril de 1948 hasta hoy, repetidamente, se ha ordenado a las Fuerzas Armadas ejercer la fuerza en este o aquel lugar para imponer el orden y el sosiego; se usan carros de guerra, se movilizan unidades militares, se hacen severas advertencias y…
En cumplimiento de órdenes superiores, las Fuerzas Armadas actúan en determinada región durante un cierto tiempo; luego ellas son enviadas a otros menesteres en otros lares, la prensa anuncia que la población ya se siente protegida, que volvió la tranquilidad, que quienes actúan al margen de la ley han sido sometidos… Pero… ¿Ello es cierto?
Terminada la crisis, regresan las autoridades locales a gobernar precariamente, a troche y moche; el problema vuelve a asomar sus narices y la correlación de fuerzas demuestra que todo sigue como antes. Es cierto que en el episodio el Estado obtuvo resultados operacionales, que hubo algunas capturas, pero pronto las fuerzas irregulares vuelven a copar el territorio, pues tienen arraigo, reanudan sus reclutamientos, aumentan las “cuotas” pedidas a los vecinos del lugar y el problema de orden público… sigue ahí.
¿Qué pasa cuando todo vuelve a la cotidianidad? La comunidad se percata de que subieron la “cuota” de extorsión, crece la zozobra, la tensión, las retaliaciones.
Los colombianos llevan casi 80 años tratando de sobrevivir al conflicto, percatándose de que el actuar del Estado tiene ciclos, que este no previene, sino que actúa después del hecho y, de ñapa, cada cuatro años cambia de punta a punta la estrategia para enfrentar el problema. Veamos:
Unas fueron las políticas del gobierno de Andrés Pastrana (1998–2002); otras, distintas, las del gobierno Uribe (2002–2010); otras, diferentes, las de la administración Santos Calderón (2010–2018); otras, las del gobierno Duque (2018–2022); otras, las de la administración Petro (2022–2026) y ahora, otras, distintas, las del gobierno De la Espriella (2026–2030). Todas han quedado inconclusas, truncas; cada cuatrienio todo vuelve a comenzar, nada tiene continuidad y en esas llevamos casi treinta años.
Entretanto, los grupos paraestatales hunden cada vez más las raíces en los territorios; cada día tienen más arraigo.
Actualmente, nueve regiones vitales de nuestro territorio son amargos escenarios del conflicto. ¿Acaso, hoy, setenta y tres años después de la pacificación del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla (1953–1957), tenemos más Estado y menos grupos paraestatales? Que cada cual emita su respuesta…
