Lo que más enfurece al ciudadano es que el dinero público sea sustraído descaradamente sin que haya forma de castigar a los responsables ni de recuperar lo robado. Esa falta de sanción material y moral es la raíz de la corrupción rampante que agobia al país. En una dolorosa ironía social, la impunidad convierte al funcionario corrupto en un “vivo” o “pillín”, actitudes que lo catapultan a posiciones de privilegio social y político sin escrúpulo alguno. La historia reciente del país está plagada de estos desfalcos impunes.
A pesar de la desilusión, la sociedad aún espera que la Contraloría General y las contralorías territoriales cumplan su función esencial: proteger el patrimonio público de la gestión indebida, negligente, dolosa o culposa. Con esa expectativa, la Constitución de 1991 eliminó el control previo para evitar la coadministración y los nichos de corrupción. Sin embargo, al pasar a un modelo posterior y selectivo, los órganos de control terminaron interviniendo cuando los recursos ya se habían dilapidado.
Buscando remediarlo, el Acto Legislativo 04 de 2019 introdujo el control concomitante y preventivo mediante el uso de tecnologías y analítica de datos. Pero esta innovación jurídica creó una tensión dogmática: otorgó la potestad de “advertir” sobre los riesgos, pero mantuvo la prohibición de coadministrar. La dualidad paralizó la capacidad sancionatoria, reduciendo la función fiscal a la emisión de alertas informativas que los ordenadores del gasto ignoran o eluden jurídicamente. El resultado de esta parálisis en el periodo del contralor que salió fue la ausencia de decisiones resarcitorias contundentes frente a desfalcos de amplio conocimiento público. Ojalá, Jorge Eliecer Laverde, nuevo Contralor General de la República, marque un giro ético y técnico que ponga a temblar a los corruptos.
Y si en el orden nacional la situación es crítica, en el ámbito departamental y municipal el panorama es peor. Las contralorías territoriales han quedado capturadas por las dinámicas políticas de quienes eligen a sus titulares, convirtiéndose en fortines burocráticos e ineficaces para adelantar verdaderos procesos de responsabilidad fiscal.
Para devolverle el sentido humano y la eficacia al control fiscal, se requiere una reforma profunda: despolitizar los órganos de control garantizando que su personal sea estrictamente técnico y nombrado por concurso de méritos, y reestructurar el proceso de responsabilidad fiscal con medidas cautelares inmediatas y expeditas sobre los bienes de los investigados. Cada peso que se pierde por la corrupción es un hospital que no se construye, una escuela sin raciones alimentarias o una obra que se traga el progreso de una comunidad. Solo cuando el control fiscal toque de manera efectiva e inmediata el patrimonio del corrupto, el Estado recuperará la dignidad y la capacidad de proteger lo que nos pertenece a todos.
