No habían pasado tres días desde la posesión del presidente Abelardo de la Espriella cuando Colombia fue sacudida, literalmente, por una tragedia. El terremoto alteró cualquier agenda y obligó al nuevo Gobierno a concentrarse en lo urgente: salvar vidas, atender a los damnificados y dimensionar una reconstrucción que costará tiempo y recursos.
Es natural que la emergencia haya consumido estos primeros días. Pero hay decisiones que no dan espera; una es el Presupuesto General de la Nación para 2027, devuelto por el Congreso y con plazo para volver a radicarse el 30 de agosto.
El gobierno anterior dejó un presupuesto de $575,7 billones, equivalente al 27 % del PIB. Su composición preocupa: $367,7 billones irían a funcionamiento, $118 billones al servicio de la deuda y apenas $90 billones a inversión. De cada $100, aproximadamente $64 serían para funcionamiento, $20 para deuda y solo $16 para inversión.
El contraste habla por sí solo: Colombia destinaría $28 billones más a pagar la deuda que a toda la inversión pública nacional. Por cada peso de inversión, dedicaríamos aproximadamente $1,30 al servicio de la deuda. Una fotografía del estrecho margen fiscal que recibe el nuevo Gobierno.
Y las cuentas no cierran. El proyecto contempla $30,2 billones de ingresos contingentes y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal calcula que, incluso aprobando la reforma tributaria heredada, faltarían cerca de $8,3 billones; a esto se suma un desajuste estimado por Hacienda en $19,7 billones para salud, pensiones y subsidios de energía y gas.
Si las cuentas no dan, devolver el presupuesto es la oportunidad de ajustarlo a la realidad económica del país. Ahora corresponde al presidente Abelardo y a su equipo decidir dónde recortar, qué proteger y, sobre todo, cuáles serán sus prioridades.
Salud, seguridad, educación, infraestructura, energía, vivienda, programas sociales, inversión regional y ahora la reconstrucción; todo es importante, pero las cuentas dicen que no todo puede ser prioridad.
La solución tampoco puede ser simplemente crear nuevos impuestos. Antes de pedirles más a los colombianos hay que revisar el gasto, eliminar lo innecesario, recuperar eficiencia, mejorar el recaudo atacando la evasión y la elusión, y aumentar los ingresos retomando la exploración y explotación de hidrocarburos, incluidos los no convencionales.
Y en esa priorización no pueden olvidarse las regiones. Durante años, departamentos y municipios han recibido responsabilidades sin recursos suficientes. Si queremos descentralización, debe reflejarse también en el presupuesto.
La tragedia nos recordó que siempre aparecerán circunstancias imposibles de prever. Por eso las finanzas públicas necesitan responsabilidad, prioridades y capacidad de reacción.
Gobernar no es tener recursos para hacerlo todo. Es saber priorizar lo urgente y lo importante, sin perder de vista al ciudadano ni a las regiones, donde finalmente se sienten o se padecen las decisiones del Estado.
