Hubo un tiempo en que el capital privado no se destinaba exclusivamente al bolsillo propio. Y era la época en que tampoco las necesidades colectivas intentaban cubrirse solo con impuestos. En Santander, como en buena parte de América Latina, las sociedades mutuales y otras formas de iniciativa colectiva hicieron durante el siglo XIX y comienzos del XX aquello que el Estado no podía, o apenas intentaba: llevar servicios y progreso a comunidades apenas incipientes. No era filantropía, tampoco socialismo: era gente poniendo recursos propios para resolver necesidades comunes —sin perjuicio de algunos réditos, claro—. Algo bastante sensato.
En la primera década de este siglo, mi extraordinario colega Rafael H. Gamboa Serrano, prestigioso catedrático de la Javeriana, procesalista y litigante, me permitió conocer un documento fascinante: el diario de viaje de don Juan de Dios Serrano Otero, escrito hacia 1910, quien fue enviado a Nueva York y Europa para adquirir una planta eléctrica para Zapatoca por encargo de unos residentes de la ‘levítica’ población. Me atrajo el asombro provinciano ante la Gran Manzana; pero más aún otra cosa: aquellos señores no esperaban la ‘mermelada’ en frasco de partida presupuestal para encender con ella el pueblo. No era un caso aislado; ya en 1891 Bucaramanga vio iluminarse sus calles gracias a Julio Jones y Rinaldo Goelkel, empresarios que instalaron la planta de Chitota. El progreso llegaba muchas veces empujado desde abajo, no despachado desde algún ministerio.
Después fuimos construyendo institucionalidad. Y qué bueno. Normas, entidades públicas, gremios, controles y procedimientos hicieron sociedades más complejas y, en principio, más civilizadas. Pero también ocurrió que la iniciativa comunitaria quedó muchas veces ahogada en esa tupida red institucional, esperando permisos, presupuestos y decisión de funcionarios. Las tragedias naturales de estos días nos recuerdan brutalmente algo elemental: cuando se trata de sobrevivir, la sociedad descubre su potencial. Y lo más sublime: la rabiosa e irracional enemistad política y la letal maraña de corrupción y burocracia pública pierden súbitamente importancia frente al escombro.
Porque política no es solamente gobierno (esto es solo la punta del iceberg). Política es toda acción con trascendencia colectiva. La Constitución de 1991 entendió eso: abrió mecanismos para que asociaciones y ciudadanos participen, vigilen la gestión pública y controlen sus resultados. No basta entonces con pagar impuestos y quejarnos del alcalde. Bucaramanga fue llamada Ciudad Bonita porque alguna vez lo cívico también era patrimonio ciudadano. Recuperarla exige Estado, claro, pero también ciudadanos libres como fueron siempre los santandereanos (libres de ataduras electoreras y versos politiqueros), empresarios comprometidos y organizaciones vigilantes. Quizás debamos buscar entre nuestros recuerdos aquella vieja obstinación santandereana: asociarnos, controlar y construir. Volver, en el mejor sentido, a ser comuneros.
