Aunque la última encuesta de calidad de vida que realizó BucaramangaCómoVamos indica que la inseguridad deja de ser el problema más sentido de los ciudadanos del AMB y las estadísticas oficiales de la Policía muestran reducción en el registro de hurtos y atracos, hay un delito que crece aceleradamente y nos mantiene preocupados en Bucaramanga. Más de 100 homicidios intencionales en lo corrido de este año representan un incremento del 25 % frente al mismo periodo del año anterior y, según expone el alcalde, buena parte de las víctimas eran maleantes peligrosos, o sea, que nuestra ciudad sigue siendo territorio de las bandas criminales y entre ellas ocurren ajustes de cuentas y enfrentamientos por dominio, mientras los ciudadanos quedamos atrapados entre dos fuegos.
Si lo que trataba de hacer el alcalde Portilla era justificar el incremento o tranquilizar a los bumangueses —porque los que murieron eran bandidos y no gente de bien—, lo que logró fue dejarnos más preocupados. Se confirma que no hemos podido enfrentar con inteligencia, estrategia y determinación a esos bandidos que escogieron a Bucaramanga como escondite o centro de operaciones. Y es que pueden llegar 200 agentes más, pueden expedirse más decretos prohibiendo el consumo de drogas en espacios públicos y pueden hacerse muchos operativos nocturnos para pescar motos sin documentos, pero si no se enfrentan las causas del problema matriz, difícil solucionarlo.
Consulté las cifras oficiales haciendo un comparativo con ciudades como Santa Marta o Ibagué, que tienen población similar a Bucaramanga (10 % menos), y los datos indican que en lo corrido del año reportan 30 % y 45 % menos homicidios, respectivamente. En este análisis, Santa Marta tenía en años anteriores un nada honroso liderazgo lejano, pero hace dos años empezó a reducir intensamente la cifra. Algo debieron hacer.
Frente a los hurtos y atracos, que bajan en las cifras oficiales y suben en los mensajes de WhatsApp, hay una hipótesis igualmente preocupante. Los afectados no denuncian porque, además del susto y la pérdida material, el proceso de denuncia formal es un martirio que muchos deciden evadir. El problema es que, sin esa información, no es posible territorializar operaciones y prioridades.
Afortunadamente, las nuevas autoridades nacionales han ofrecido apoyo a la seguridad de las ciudades y proponen mejoras en articulación institucional, inteligencia, presencia de fuerza pública y cooperación internacional, pero hay elementos que deben moverse desde lo local, empezando por procesos administrativos que favorezcan la denuncia y dotación del software de interconexión de los sistemas de seguridad privada en espacio público, atendiendo lo previsto en el art. 237 del Código Nacional de Policía. Ahí habría un aporte muy relevante, pero se necesita decisión y actitud para convocar a los ciudadanos en este propósito.
