Colombia comienza a vivir otro capítulo de intensa actividad política. A las dificultades económicas, los problemas sociales y los desafíos de seguridad se suma ahora el ambiente preelectoral que empieza a tomar fuerza con miras a las elecciones territoriales de 2027. Se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, y desde ahora los partidos y movimientos comienzan a organizar sus fuerzas, buscar alianzas y medir sus posibilidades.
Este escenario tiene una particularidad: las decisiones del Gobierno, sus aciertos, desaciertos y compromisos pendientes terminarán convirtiéndose en argumentos de campaña. Cada sector buscará defender su gestión o cuestionar la de sus contradictores. La controversia política irá creciendo y no faltarán quienes descubran, justo antes de las elecciones, soluciones para problemas que llevan años sin resolver.
El Gobierno tampoco tiene un camino despejado. Las dificultades para construir mayorías en el Congreso y conseguir respaldo para sus iniciativas fiscales y económicas complican la ejecución de sus planes. El presupuesto de 2027, fijado en 634,9 billones de pesos y expedido por decreto después de que Senado y Cámara no lograran conciliar sus textos, refleja las dificultades de concertación política que enfrenta el país.
A ello se suman las discusiones con las altas cortes, las diferencias entre los poderes públicos y las controversias sobre el alcance de las decisiones institucionales. En una democracia, el Gobierno tiene la responsabilidad de gobernar, pero también debe respetar la independencia de las instituciones y los controles establecidos por la Constitución. El equilibrio de poderes no puede entenderse como una disputa permanente ni como una lucha por imponer una sola visión. Es, más bien, la garantía de que ninguna institución concentre toda la autoridad y de que cada poder cumpla su función dentro del marco constitucional. Como ocurre con los cuadros de un museo, cada institución ocupa un lugar distinto dentro del conjunto: puede tener su propio valor y perspectiva, pero ninguna debe cubrir, desplazar o apropiarse de las demás.
Mientras tanto, la seguridad sigue siendo una preocupación en distintas regiones. Los grupos armados ilegales, la extorsión y la violencia afectan a comunidades que reclaman protección. En las ciudades, el empleo, la salud, la educación y el costo de vida continúan golpeando la tranquilidad de las familias.
Se avecina, entonces, una temporada de discursos, alianzas, promesas y controversias. Ojalá la competencia electoral no termine convirtiendo las necesidades de los ciudadanos en simples instrumentos de campaña.
No es de buen recibo ver al presidente con el revólver al cinto, en una escena que resulta más cercana al teatro político que a una acción real de seguridad. Resulta ridículo presentar como una lucha desigual el enfrentamiento entre un fusil de balas contundentes y las caricias de un calibre 38. Se trató de una puesta en escena que debió utilizarse durante la campaña para un evento publicitario, mientras las comunidades siguen esperando una protección efectiva y permanente.
