Aunque el presidente De La Espriella prometió en campaña que en 90 días recuperaría la seguridad, la impresión que tengo es que esa propuesta no estaba respaldada por una estrategia de seguridad compatible con el conjunto de amenazas actuales.
Transcurridos los primeros tres meses de este gobierno, De La Espriella ha pretendido llenar ese vacío a punta de comunicación.
Lo vimos esta semana en Cúcuta, cuando el presidente, con uniforme del Ejército y boina de comando, apareció para ostentar su poder, olvidándose de que, en el marco de la Constitución, el presidente de la República representa la majestad del poder civil, al que está subordinada la Fuerza Pública, sin que esto lo convierta en miembro de ella.
Pero, aunque esas actuaciones puedan conectar con sectores de la sociedad que creen que la mano dura basta, no pueden ocultar los malos resultados que este gobierno tiene para mostrar en sus primeros tres meses en materia de reclutamiento de menores, secuestro, extorsión, homicidios y militares muertos y heridos. Resultados que, además, son peores en comparación con los del mismo periodo del gobierno anterior.
Más que videos en los que se muestran bombardeos cuya eficacia táctica es poco clara y cuyos riesgos para los civiles son elevados, es necesario que el gobierno asuma desafíos complejos como, por ejemplo, la recuperación de la capacidad operativa de la Fuerza Pública, que hoy solo alcanza el 46 %, en medio de restricciones fiscales. ¿Qué hacer con un presupuesto de Defensa que en 2025 alcanzaba el 14,7 % del Presupuesto General de la Nación y cuyo 76,2 % se destinó al personal activo y retirado?
Urge un ejercicio de planeación que identifique qué problemas se deben resolver en materia de seguridad y defensa y qué capacidades necesitan las Fuerzas Militares para lograrlo.
Un asunto apremiante son los drones, como nos lo recordó el reciente ataque al Cantón Militar de Santa Rosa del Sur de Bolívar. Y es que 12 uniformados han muerto a causa de ataques con drones en lo que va del nuevo gobierno y, si en 2024 se registraron 119 ataques, este año ya vamos en 354. Máxime cuando la sofisticación tecnológica de los grupos criminales, que ya usan drones kamikaze y de fibra óptica -más difíciles de neutralizar, pues no emiten señales de radio-, avanza más rápido que la defensa del Estado.
Frente a esta verdadera prioridad de seguridad nacional, la respuesta del gobierno no puede ser intercambiar señalamientos con la administración anterior, sino concretar una estrategia efectiva que combine tres componentes: detección, comando y control, y neutralización.
Por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo y, si el gobierno no toma el toro por los cachos, el presidente de la mano dura corre el riesgo no solo de perder la guerra aérea, sino también la guerra.
