Publicado por: Alvaro Beltran Pinzón
La propuesta del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de establecer un único instrumento para focalizar los subsidios y auxilios estatales destinados a mejorar la calidad de vida de individuos marginados y discriminados de la población colombiana es, a todas luces, razonable y goza de favorabilidad en diversos ámbitos de la opinión nacional.
Sin embargo, se han ventilado dudas respecto a su viabilidad, debido a la complejidad de la adopción del Registro Universal de Ingresos (RUI), por cuenta de los múltiples aspectos que involucra esta iniciativa que busca reemplazar los criterios de estratificación y del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). Por otra parte, existe cierta incredulidad con las ejecuciones gubernamentales, ya que muchos de los anuncios presidenciales no han tenido desarrollo y se han quedado en simples enunciados. Además, existe desconfianza ante la propensión del gobierno a aumentar las ayudas y extenderlas a diversos sectores, con la posible intención de capitalizar políticamente su asignación.
Contra estas circunstancias tendrá que emplearse a fondo la estructura del DNP, que en el borrador del proyecto reglamentario ha dado muestras de seriedad y de clara conciencia del arduo trabajo que le espera, y por ello ha contemplado diferentes pasos para su adopción. En una primera etapa se precisarán las fuentes que aportarán la información y los lineamientos operativos y técnicos que permitan conocer la realidad económica y social de los hogares colombianos. En la fase de desarrollo metodológico se pretende llegar a definir los procedimientos para obtener, de manera confiable, el RUI; y en la fase de implementación, que concluirá en el primer trimestre de 2026, se pondrá en vigencia dicho mecanismo.
Habida cuenta de la deficiencia de los datos en poder de las entidades del Estado, se ha contemplado la necesidad de una autodeclaración, bajo la gravedad del juramento, que deberán hacer todas las personas mayores de 18 años, en relación con su situación laboral y sus ingresos y gastos, al menos una vez cada año.
Encontrar un mecanismo imparcial, como se pretende con el RUI, significaría importante avance para asignar razonablemente los auxilios y subsidios, y podría convertirse en valiosa herramienta para corregir la exagerada evasión tributaria, otra de las desigualdades que fomenta el Estado, y que ha conducido a que el peso de la carga impositiva recaiga en asalariados y empresas.
