Este no es un llamado a validar la anarquía ni a romantizar la informalidad. Es, más bien, una invitación a abordar la crisis con honestidad, humanidad y visión estructural.
El trancón no llegó a la justicia. Llegó primero a nuestras vidas cotidianas, a nuestros barrios, a nuestras esperanzas de movernos con dignidad. Lo que estamos viviendo no es un fenómeno nuevo ni espontáneo: es el resultado acumulado de decisiones —y omisiones— institucionales que se han prolongado por años.
A veces se olvida, pero Bucaramanga llegó a tener uno de los sistemas de transporte colectivo más funcionales del país. Era posible desplazarse con oportunidad, comodidad y eficiencia. El intento por reemplazarlo con un sistema de transporte masivo mal estructurado ha dejado cicatrices profundas, especialmente en las zonas periféricas y menos favorecidas.
El auge de la motocicleta no puede entenderse sin este contexto. En muchos casos, no es un lujo, es una necesidad. Una respuesta —imperfecta, sí— a un transporte público que dejó de pasar, a una vía que quedó sin buses, a un barrio donde el tiempo de espera se volvió incertidumbre. Restringir su uso de forma indiscriminada bajo medidas como el pico y placa, especialmente cuando su motivación proviene de decisiones judiciales específicas, no resuelve el problema: lo traslada y lo agrava.
Además, ¿cómo exigir orden en un ecosistema vial donde la infraestructura es deficiente? El norte de la ciudad depende de una carrera 15 que se angosta sin sentido. La autopista a Piedecuesta se vuelve trampa al pasar de tres a dos carriles. La conexión con Girón, aunque valiosa, no alcanza para responder a las demandas actuales. Es difícil hablar de “movilidad” cuando las vías parecieran haber sido diseñadas para resistirla.
Este no es un llamado a validar la anarquía ni a romantizar la informalidad. Es, más bien, una invitación a abordar la crisis con honestidad, humanidad y visión estructural. La movilidad debe ser un derecho garantizado por el Estado, no una aventura resuelta por cuenta propia.
Quizás, si dejáramos de mirar para otro lado, podríamos empezar a movernos —por fin— hacia soluciones reales.
La crisis del transporte público en Bucaramanga tiene raíces profundas: el debilitamiento del sistema colectivo tradicional, la insuficiencia de infraestructura vial, la ausencia de una política pública integral y de carácter metropolitano, la criminalización de las soluciones informales y la persistente exclusión social y territorial. Es momento de comprender a fondo estas causas estructurales y avanzar hacia la construcción colectiva de soluciones concretas para cada una de ellas.
Los actores del transporte y la movilidad deben encontrarse en las mesas para construir soluciones y no en las calles para reclamar lo que el diálogo puede anticipar.
