pretender dar un debate como este en términos religiosos o de moralismos desdibuja la razón de ser de un Estado laico y garantista, donde cualquier tipo de discriminación está proscrito.
Publicado por: REDACCIÓN EDITORIAL
Sorprendente, por decir lo menos, fue la propuesta de debate hecha por la diputada del Partido de La U, Ángela Hernández, para rechazar las directrices del Ministerio de Educación según las cuales los colegios deben adaptar sus manuales de convivencia, para evitar la discriminación de menores con ocasión de su orientación sexual. En opinión de la Diputada, estas normas harán que se desdibuje la identidad sexual de los niños, en una especie de “colonización homosexual”.
Hernández propuso que se establezcan “colegios homosexuales” para acoger a los estudiantes según su orientación sexual, pues en su parecer, permitir que se expresen opciones sexuales diversas es atentatorio contra los derechos de los niños.
Estas declaraciones merecen rechazo. En primer lugar, un debate no puede estar basado en desinformaciones y premisas falsas. No es cierto, como afirma la Diputada, que las normas establecidas a favor de la comunidad Lgbti permitan que “los niños vayan vestidos con el uniforme femenino y viceversa” o que se obligue a los menores a escoger una identidad de género distinta a capricho. Lo que pretenden estas normas es que no se permita en los establecimientos educativos tratos discriminatorios. En otras palabras, lo que se quiere es proteger a los menores que manifiesten una orientación sexual diversa para evitar que sean víctimas de bullying y que terminen en eventos trágicos, como la muerte en Bogotá del estudiante Sergio Urrego. Estas disposiciones son coherentes con un Estado garantista de las libertades individuales como lo es el Estado colombiano.
Nadie discute el respeto por las creencias íntimas de cada cual, ni mucho menos el respeto por las libertades religiosas o de cultos, pero pretender dar un debate como este en términos religiosos o de moralismos desdibuja la razón de ser de un Estado laico y garantista, donde cualquier tipo de discriminación basada en la raza, el sexo, la religión o la orientación sexual está proscrito.
No son estos los debates que necesita el departamento. Siendo Santander una región con tantas necesidades urgentes, los esfuerzos de los diputados deberían enfocarse en promover soluciones para nuestra región. La crisis hospitalaria, la deficiencia en vías e infraestructura, el abandono del deporte, la carencia de acueductos en diversos municipios, la pobreza del campo, entre muchas otras necesidades apremiantes, son las que en verdad necesitan la atención de quienes hoy fungen como diputados.
