Publicado por: Editorial
La avicultura en Colombia es una de las bases de la economía, en particular del empleo rural y en Santander, donde se concentra cerca de una cuarta parte de la producción nacional de pollo y huevo. Esta actividad representa un motor vital para decenas de miles de familias; por eso preocupa tanto la inseguridad que se ha instalado en el campo, pues lo que antes eran riesgos comerciales o sanitarios hoy son extorsión, violencia y amenaza directa contra quienes producen los alimentos.
Desde su presidencia ejecutiva nacional, Fenavi ha señalado con claridad que el verdadero problema del sector avícola hoy es la inseguridad, y ha denunciado que, en diversas regiones del país, bandas criminales y grupos guerrilleros han encontrado en las granjas un blanco fácil para sus prácticas extorsivas. Y aunque Santander no vive la peor cara de este flagelo, las autoridades harían mal en subestimar las señales de alerta.
Los bloqueos de vías, para hablar de un hecho reciente, han golpeado a los avicultores santandereanos, al punto de que por el reciente paro catastral se perdieron cerca de tres millones de huevos que no pudieron salir a tiempo con destino a Cuba. Ahora bien, con un solo dato de la industria podemos entender el problema: Santander requiere diariamente siete mil toneladas de alimento balanceado, y cualquier interrupción en las carreteras amenaza la vida de millones de animales y la estabilidad de toda la cadena.
Fenavi ha denunciado casos de violencia y extorsión contra avicultores en varias zonas del país, por lo que en Santander el gremio, en lugar de esperar a que la situación se agrave, exige acciones preventivas, contundentes y sostenidas que garanticen condiciones básicas para trabajar. Los avicultores santandereanos han demostrado una capacidad admirable para sortear crisis previas: la pandemia, los paros camioneros, la volatilidad del dólar y el alza de insumos, pero la inseguridad se enfrenta con presencia estatal, inteligencia judicial y una política de seguridad eficaz.
Las autoridades seccionales deben entender que cada granja que cierra o se traslada afecta al empleo formal, a la economía local y a la canasta familiar. Si la producción se desplaza hacia otras regiones, como ya empieza a ocurrir hacia la Costa Atlántica, los santandereanos pagarán más caro su pollo y sus huevos, de manera que la inseguridad no solo ahuyenta la inversión y frena el crecimiento del sector, que cerró el año pasado con un alza del 10 %, sino que pone en riesgo la confianza en mercados internacionales exigentes como Japón o el Caribe.
Fenavi ha señalado también que, mientras el país goza de prestigio sanitario internacional y ventajas logísticas en el Magdalena Medio santandereano, la violencia rural amenaza con destruir esas fortalezas. Por eso, las autoridades departamentales y nacionales deben actuar con firmeza para desarticular las redes de extorsión que acechan a los avicultores.
La historia demuestra que Santander es cuna avícola por tradición, por vocación y por eficiencia, pero esa gran fortaleza podría perderse si el miedo y la indefensión se vuelven incontrolables. Este es un sector que involucra a cientos de trabajadores; luego afecta a miles de familias que obtienen de allí su sustento diario y nos muestra cómo la inseguridad no solo puede arruinar el negocio, sino que, sobre todo, destruye vidas.
