Publicado por: Editorial
En primer lugar, queremos, con toda contundencia y claridad, expresar nuestro rechazo a los execrables atentados con bombas que han sacudido al suroccidente colombiano en las últimas días. El país entero observa con indignación cómo el Valle del Cauca y el Cauca se desangran, mientras la violencia golpea sin piedad a la Fuerza Pública y a la población civil, razón más que suficiente para que Vanguardia alce su voz contra la barbarie.
El fin de semana pasado ocurrieron numerosas acciones armadas y atentados terroristas, concentrados en Valle del Cauca y Cauca, con impactos también en Nariño y el sur del Chocó, en lo que parece ser una avanzada contra el suroccidente del país, una región estratégica por su economía, su puerto y sus corredores de movilidad. Los terroristas quieren sembrar el caos y demostrar que tienen capacidad de golpear zonas urbanas y rurales sin que nadie les ponga freno. Es un patrón inaceptable que revela la fragilidad del control territorial en una de las zonas más pujantes de Colombia.
Las cifras demuestran que, después de la firma de los Acuerdos de Paz de Juan Manuel Santos con las Farc, salvo un primer año relativamente tranquilo, los grupos armados ilegales se han multiplicado. Según la Fundación Paz y Reconciliación, la disidencia del Estado Mayor Central tiene acciones en 52 municipios del Valle del Cauca, y el cálculo es que esa misma organización hoy hace presencia en 219 municipios del país. El Clan del Golfo, por su parte, opera en 304 municipios, mientras el Eln está en 150.
A tres meses de entregar el poder, estos datos demuestran el fracaso rotundo del proyecto de Paz Total del presidente Gustavo Petro. La promesa de silenciar los fusiles a través del diálogo se estrelló contra la evidencia de que los violentos no negocian de buena fe, sino que aprovechan las concesiones para crecer. Lo que vemos hoy es que la Paz Total no solo naufragó, sino que se convirtió en una bomba de tiempo que hoy está explotando contra los habitantes del suroccidente del país.
Pero, además, es evidente que los años electorales suelen motivar un incremento de la violencia por parte de los grupos armados ilegales que, de esta manera, buscan, por un lado, generar zozobra en el país cuando la atención mediática es alta, para enviar mensajes de poder a la opinión pública y a los candidatos. Por otra parte, con estos actos terroristas en la antesala de una elección presidencial y en las primeras semanas de cada nueva administración, los grupos irregulares intentan marcarle territorio al nuevo gobierno, sea este cual sea.
Es lo que tristemente nos enseña la historia: que cada cambio de mando trae consigo un ciclo de sangre con el que los violentos pretenden buscar un lugar en una eventual mesa de diálogo, además de que, en el contexto actual, buscan aprovechar el debate proselitista para ganar protagonismo. Esto no justifica nada, pero ayuda a entender por qué quien lleve la banda presidencial a partir del 7 de agosto recibirá un país con los fusiles humeantes de los irregulares, por lo que deberá actuar en consecuencia, sin ingenuidades ni demoras.
Pero esto no es todo: en los últimos días también ha quedado claro que la Fuerza Pública está rezagada en estrategias de seguridad y no parece tener la delantera en esta materia, especialmente en las zonas urbanas, pues, por ejemplo, la inteligencia militar no tuvo la capacidad de identificar, anticipar y contener los ataques, ni el avance de estos grupos en las regiones más críticas del país.
Al parecer, los terroristas actúan con métodos de guerra que nuestras fuerzas no logran desarticular a tiempo, por lo que las alarmas suenan después de la tragedia y la reacción siempre llega tarde. La falta de inversión en inteligencia, en tecnología de monitoreo y en cooperación entre Fiscalía, Policía y Ejército es una falla estructural que ningún gobierno ha corregido de fondo. Mientras tanto, los departamentos del Pacífico siguen siendo el escenario perfecto para que los violentos muestren poder sin contrapeso real.
Entre las principales responsabilidades del gobierno nacional entrante está no solo definir una nueva política de paz, sino también una nueva política de seguridad, porque parece que en ambos campos hemos retrocedido. La paz no puede ser sinónimo de impunidad ni de entrega del territorio y la seguridad no puede seguir siendo la gran ausente en las prioridades nacionales. Quien llegue a la Casa de Nariño debe entender que gobernar es, ante todo, proteger la vida de los colombianos.
Por eso, además de rechazar los atentados terroristas, Vanguardia, como vocero de los santandereanos, exige con toda firmeza al gobierno nacional que entregue resultados inmediatos sobre los hechos de sangre que enlutan al suroccidente. El país tiene derecho a saber quiénes están atacando a la Fuerza Pública y a la ciudadanía; debemos conocer sus identidades y comprobar su pronta contención. La Nación espera ver estas capturas, además de la desarticulación de células urbanas y una estrategia general que devuelva la tranquilidad a todos los colombianos.
