Santander se ha convertido en el ejemplo más representativo del alto costo económico y social que generan los bloqueos y paros en Colombia. Más allá de las afectaciones económicas, el departamento evidencia cómo una combinación de protesta social, conflictos no resueltos, una infraestructura frágil y desconfianza ciudadana en los canales institucionales puede poner en jaque la movilidad regional y obligar al Estado a negociar bajo condiciones de presión.
Lo ocurrido el pasado nueve de abril en el denominado Paro Nacional Catastral es una muestra de esta problemática. La implementación del “rezago catastral” en zonas rurales de más de quinientos municipios de diez departamentos del país fue el detonante que llevó a cientos de campesinos a reaccionar ante el incremento desproporcionado de avalúos e impuestos prediales. A pesar que el alcance del fenómeno fue nacional, Santander fue el epicentro de la revuelta, dejando pérdidas económicas históricas para la región. Las imágenes de viajeros caminando desde el Aeropuerto Palonegro hacia Bucaramanga escenifican una crisis que pudo haberse evitado con una respuesta institucional anticipada y articulada.
Sin embargo, lo ocurrido con el paro catastral no es un hecho aislado en Santander. La zona del Magdalena Medio ha registrado sendos bloqueos a la altura del peaje La Gómez debido a desacuerdos entre transportadores; en la vía entre Santander y Bogotá, con frecuencia se registran paros mineros; y las comunidades, en diferentes puntos del departamento, han tenido que recurrir al bloqueo para exigir intervención por el pésimo estado de las vías terciarias. El diálogo y la concertación no están siendo suficientes, y las disputas terminan trasladándose a los principales corredores viales estratégicos como mecanismo de negociación.
Ahora bien, el problema no se ciñe exclusivamente a lo rural; también se presenta en lo urbano. En Bucaramanga, a los problemas históricos de movilidad por deficiencias en infraestructura, planeación y transporte público, se suman las movilizaciones protagonizadas por motociclistas, sindicatos, gremios y sectores sociales inconformes con decisiones administrativas o políticas públicas. La capital santandereana enfrenta una presión constante donde la movilidad urbana se convierte en rehén de conflictos sociales sin resolver.
Si bien la protesta es un derecho legítimo, normalizar el bloqueo de vías deteriora la competitividad regional y proyecta una imagen de inestabilidad que va en contra del desarrollo. Las vías de hecho no pueden seguir siendo los escenarios de administración pública y negociación forzada, tampoco, expresión de un nuevo modelo de gobernanza reactivo. Santander debe convertirse en ejemplo de prevención estructural de los conflictos, gestión eficaz mediante vías institucionales, y fortalecimiento del diálogo y la planeación, porque cuando la discusión se traslada a la vía, son la ciudadanía y la economía regional las que terminan pagando la cuenta.
