Publicado por: Editorial
La reciente orden del presidente Gustavo Petro de iniciar una licitación para la operación de Canal Uno ha puesto en alerta a la democracia colombiana, en tanto esta decisión se adentra en el territorio sensible de las libertades informativas, en la medida en que el contrato vigente se extiende hasta 2037, en un marco jurídico que establece que las prórrogas no son automáticas ni gratuitas, pero tampoco permite alteraciones arbitrarias de contratos en vigor, por lo que el anuncio presidencial ignora los plazos legalmente establecidos y crea una evidente incertidumbre jurídica.
Criticar esta medida no implica oponerse a la renovación de los medios públicos, sino que cuestiona el momento y la motivación detrás de una decisión que se inscribe evidentemente dentro de las tensiones entre el gobierno y los medios de comunicación. En otras palabras y con base en lo que se anticipa de la iniciativa presidencial, la idea de revocar anticipadamente la concesión del Canal Uno, parece un intento de controlar una plataforma influyente, a pesar de que expertos jurídicos ya advierten que el contrato está respaldado por la ley.
El Gobierno dice que propone una nueva operación alejada de “potentados económicos”, pero la implementación concreta genera más dudas que certezas, pues un cambio abrupto podría desestabilizar el sector de medios, afectando empleos y la pluralidad informativa, entre otras cosas, porque el manejo de un canal como este, no puede regirse por caprichos políticos o intereses circunstanciales. La prioridad debería ser fortalecer el canal con independencia editorial y no someterlo a vaivenes ideológicos.
Pero la preocupación se extiende a los demás canales y medios, pues es el patrón de comportamiento lo que alarma, es decir, la voluntad de eludir marcos legales cuando resultan incómodos al poder. Este caso sienta un precedente nefasto según el cual los contratos pierden su valor ante decisiones discrecionales. Inversores nacionales e internacionales observan con atención cómo Colombia respeta sus propias normas y protege la seguridad jurídica, pero la confianza inversionista se erosiona con cada acción que privilegia la conveniencia política sobre la estabilidad legal.
La libertad de prensa, pilar fundamental de toda democracia, no se vulnera solo con censura directa, también se debilita mediante acciones que buscan controlar o influir soslayadamente en los medios de comunicación. La orden del presidente Petro envía un inaceptable mensaje a todos los comunicadores en el sentido de que la crítica puede tener costos elevados, lo que hace que su administración tome el perfil de un gobierno que castiga el disenso e intenta controlar las narrativas mediante procedimientos cuestionables.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones argumenta que la ley no permite extensiones automáticas, sin embargo, esto no justifica ignorar el plazo actual que finaliza en 2037. El momento elegido para esta licitación, muy anterior al vencimiento contractual, sugiere una motivación que va más allá de lo que se ha expresado oficialmente, cuando la transparencia y el interés público exigen que los procesos se conduzcan con apego a la ley y no bajo sospechas de retaliación política o estrategia ideológica.
