lunes 04 de mayo de 2020 - 12:00 AM

Una pronta y justa investigación en el Ejército es lo que necesita la institución y el país

los ciudadanos deben discernir entre quienes han servido con sobrados méritos y merecen todo el reconocimiento, y quienes han deshonrado a la institución y deben ser pronta y ejemplarmente juzgados y castigados.
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Nuevamente el país se ha sorprendido con denuncias hechas por los medios de comunicación, en este caso la revista Semana, sobre seguimiento informático adelantado especialmente contra periodistas, pero también contra políticos, líderes sociales, sindicalistas, miembros de ONG, incluso contra generales de la República. En total, según la revista, son más de 130 las víctimas de esta clase de espionaje militar.

Los esfuerzos de esta inaceptable estrategia se dirigieron especialmente contra los periodistas que, irónicamente, celebraban este fin de semana el día de la libertad de prensa y lo que debe quedar claro a este respecto es que no se debe criminalizar el oficio de periodista, mediante el muchas veces malintencionado equívoco de matricular al reportero con la fuente que consulta: no se es guerrillero por entrevistar a un guerrillero, ni se es paramilitar por entrevistar a un paramilitar, ni se es un agitador por entrevistar al dirigente de una marcha. Las denuncias de la revista muestran esto: que se catalogaba a los periodistas según las fuentes que cubrían, por eso hay que destacar la declaración del presidente Duque quien rechazó en su cuenta de Twitter el escandaloso espionaje: “(...) Reitero mi rechazo contundente a cualquier acción de seguimiento. Perfilar periodistas, políticos y funcionarios de Presidencia debe ser investigado a fondo y sancionado con severidad”.

Al tiempo con la declaración presidencial, se conoció el rechazo de las Naciones Unidas que, en una no menos fuerte declaración dijo que “la inteligencia debe usarse para proteger derechos humanos y no para vulnerarlos”, y en similar sentido se expresaron varias ONG defensoras de derechos humanos. Mientras tanto, la Procuraduría comenzó sus investigaciones al respecto y el Ejército, en fin, quedó bajo una densa sombra, en la que, injustamente, suele dejarse a la institución toda cuando este tipo de escándalos estallan en la opinión nacional.

Los colombianos hemos sido testigos de las jornadas de legendaria valentía y sacrificio que han adelantado los miembros de esta fuerza que, por décadas, sufrió por el combate permanente con fuerzas irregulares; sabemos también de la pulcritud con que muchos de sus miembros responden a las delicadas obligaciones de sus cargos, por lo que los ciudadanos deben discernir entre quienes han servido con sobrados méritos y merecen todo el reconocimiento, y quienes han deshonrado a la institución y deben ser pronta y ejemplarmente juzgados y castigados.

Nuevamente el país se ha sorprendido con denuncias hechas por los medios de comunicación, en este caso la revista Semana, sobre seguimiento informático adelantado especialmente contra periodistas, pero también contra políticos, líderes sociales, sindicalistas, miembros de ONG, incluso contra generales de la República. En total, según la revista, son más de 130 las víctimas de esta clase de espionaje militar.

Los esfuerzos de esta inaceptable estrategia se dirigieron especialmente contra los periodistas que, irónicamente, celebraban este fin de semana el día de la libertad de prensa y lo que debe quedar claro a este respecto es que no se debe criminalizar el oficio de periodista, mediante el muchas veces malintencionado equívoco de matricular al reportero con la fuente que consulta: no se es guerrillero por entrevistar a un guerrillero, ni se es paramilitar por entrevistar a un paramilitar, ni se es un agitador por entrevistar al dirigente de una marcha. Las denuncias de la revista muestran esto: que se catalogaba a los periodistas según las fuentes que cubrían, por eso hay que destacar la declaración del presidente Duque quien rechazó en su cuenta de Twitter el escandaloso espionaje: “(...) Reitero mi rechazo contundente a cualquier acción de seguimiento. Perfilar periodistas, políticos y funcionarios de Presidencia debe ser investigado a fondo y sancionado con severidad”.

Al tiempo con la declaración presidencial, se conoció el rechazo de las Naciones Unidas que, en una no menos fuerte declaración dijo que “la inteligencia debe usarse para proteger derechos humanos y no para vulnerarlos”, y en similar sentido se expresaron varias ONG defensoras de derechos humanos. Mientras tanto, la Procuraduría comenzó sus investigaciones al respecto y el Ejército, en fin, quedó bajo una densa sombra, en la que, injustamente, suele dejarse a la institución toda cuando este tipo de escándalos estallan en la opinión nacional.

Los colombianos hemos sido testigos de las jornadas de legendaria valentía y sacrificio que han adelantado los miembros de esta fuerza que, por décadas, sufrió por el combate permanente con fuerzas irregulares; sabemos también de la pulcritud con que muchos de sus miembros responden a las delicadas obligaciones de sus cargos, por lo que los ciudadanos deben discernir entre quienes han servido con sobrados méritos y merecen todo el reconocimiento, y quienes han deshonrado a la institución y deben ser pronta y ejemplarmente juzgados y castigados.

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