Publicado por: Editorial
El terremoto que sacudió el occidente de Colombia deja una cifra de víctimas fatales que supera los 250 y 44.963 viviendas afectadas, lo cual nos muestra la violencia del fenómeno y nos confronta con la fragilidad de la existencia y la crudeza de un instante que lo cambia todo. Cada una de esas vidas representa una pérdida irreparable para sus familias y sus comunidades, y debe movernos a todos a expresar el dolor por esta calamidad, además de que es necesario hacer un reconocimiento a la memoria de quienes perecieron y manifestar nuestro profundo respeto hacia sus allegados.
Asimismo, queremos extender un mensaje de aliento y acompañamiento a los miles de heridos y damnificados que han perdido sus hogares y todos sus bienes materiales. La incertidumbre sobre el futuro se agudiza cuando no se tiene un techo donde resguardarse o una pertenencia que ofrezca un mínimo de dignidad. Por ello, la mano tendida de la comunidad y el apoyo del Estado deben sentar la base sobre la cual se pueda reconstruir no solo las estructuras físicas, sino también la esperanza de quienes han quedado en la desolación.
En medio de esta tragedia ha emergido la fuerza de la solidaridad encarnada en miles de personas que, desde el primer minuto, trabajan en labores de rescate. Bomberos, socorristas, vecinos y ciudadanos anónimos han trabajado sin descanso, movidos únicamente por un instinto de servicio y fraternidad. Su entrega es un ejemplo conmovedor de que, incluso en el peor de los momentos, la grandeza del espíritu humano se hace presente. A ellos les debemos también un agradecimiento profundo por su esfuerzo titánico.
Frente a esta fuerza ciudadana espontánea, los organismos oficiales de rescate deben actuar con la máxima eficiencia y asumir el liderazgo técnico de las operaciones, de manera que la experiencia y los recursos estatales se articulen con la ciudadanía, orientándola para evitar riesgos innecesarios y maximizar las posibilidades de encontrar con vida a quienes aún permanecen atrapados.
Del Gobierno nacional y las administraciones locales y departamentales se espera también una actuación pronta, eficiente y, sobre todo, transparente en todas las fases del proceso de atención médica y psicológica para los heridos, la provisión de albergues y alimentos para los damnificados, pero, sobre todo, en la agilización de los trámites burocráticos para la reconstrucción que debe comenzar en breve. La gestión de los recursos públicos debe ser ejemplar, garantizando que cada peso y cada esfuerzo lleguen a quien realmente lo necesita, sin dilaciones que solo añaden más dolor a la tragedia.
La reconstrucción de las zonas afectadas no será un proceso rápido, por lo que su planificación y ejecución deben iniciarse de inmediato, pues no se trata únicamente de levantar muros, sino de restaurar la vida comunitaria, las fuentes de trabajo y la normalidad en regiones y vecindarios que han quedado arrasados. La visión del Estado debe ser de largo plazo, comprendiendo que la emergencia cede paso a una etapa de recuperación que será igualmente difícil y que requerirá de un compromiso sostenido. La transparencia en cada adjudicación y en cada obra será la garantía de que la solidaridad no se pierda en el camino.
Finalmente, hacemos un llamado apremiante a todos los colombianos y especialmente a los santandereanos para que respondan con generosidad a las distintas campañas de donación y asistencia, pues la solidaridad es el único antídoto contra la desesperanza, y hoy miles de nuestros compatriotas dependen de ese gesto concreto de fraternidad. Cada ayuda, por pequeña que parezca, se suma a un inmenso esfuerzo colectivo que puede aliviar el sufrimiento de quienes deben rehacer su vida. Es el momento de demostrar que, más allá de cualquier consideración coyuntural, como colombianos tenemos una identidad y un destino común.
