Analistas políticos del departamento le hicieron un balance a la gestión de la Asamblea de Santander y el Concejo de Bucaramanga durante el cuatrienio.
Publicado por: JINETH PRIETO
Aunque una de las principales funciones que tienen las instituciones del poder legislativo en el país es realizarle control político a los gobiernos de turno, en la Asamblea de Santander y el Concejo de Bucaramanga esa tarea ‘brilló por su ausencia’.
Ese fue el balance que hicieron analistas políticos sobre la gestión del Concejo y de la Asamblea en el último cuatrienio. Los consultados señalaron que durante los periodos de sesiones las corporaciones “funcionaron más como un comité de aplausos que como un órgano para decidir e influir en las decisiones trascendentes de la región”.
“Es un hecho, fueron de bolsillo en su gran mayoría y lo que se estableció fue un contubernio en el sentido de que aprobaron todo lo que les presentaban y no hacían control, a cambio de que les entregaban un cupo presupuestal”, aseguró Julio Acelas, analista.
Precisamente, el cierre de sesiones ordinarias en las dos corporaciones se dio ayer tras un periodo que estuvo marcado por denuncias sobre presuntas irregularidades en contratación y manejos administrativos no claros y en el que las posiciones de los 16 diputados y 19 concejales de Bucaramanga no fueron contundentes.
Y es que solo para el caso de la capital santandereana, las denuncias sobre manejos administrativos presuntamente irregulares estuvieron en la agenda sin que se conociera un solo pronunciamiento de fondo por parte de la Corporación.
Igual fue la situación en la Gobernación de Santander, donde pese a las alarmas que se encendieron en torno a la manera en la que se adelantaban los procesos para contratar millonarias sumas, la Asamblea no hizo exigencias de fondo.
“El servilismo fue el que marcó las actuaciones y poco se conoció de los alcances verdaderos de estas corporaciones, lo que se tradujo en una trascendencia casi nula”, agregó Eduardo Muñoz Serpa, analista político.
Vanguardia Liberal realizó un balance de las principales actuaciones de las dos corporaciones públicas más importantes del departamento.
CONCEJO DE BUCARAMANGA
Aunque Luis Francisco Bohórquez entró a la Alcaldía de Bucaramanga con un Concejo completamente a su favor, a mediados de su administración una nueva línea tomó poder y formó una coalición mayoritaria de 11 corporados que de alguna manera le hizo contrapeso a su administración en varios aspectos como Metrolínea, el estado financiero de la ciudad, el parque de Mejoras Públicas y las denuncias sobre el ‘carrusel de contratación’ al interior del Imebú.
No obstante, este Concejo no se pronunció sobre las denuncias por la contratación injustificada y presuntamente amañada de prestadores de servicios, tampoco llamó a control político para conocer el por qué de las denuncias sobre la que sería la ‘confección’ de pliegos de condiciones para licitar y no tuvo pronunciamientos de fondo sobre el abandono de sectores como el deportivo y cultural.
El Concejo de Bucaramanga también pasó por alto la fallida reubicación de vendedores ambulantes y en el corte de cuentas que se le hizo a cada Secretaría se dedicó a escuchar y en muy pocos casos contrapreguntó sobre la ejecución de programas y recursos.
Este Concejo, además, tuvo sus escándalos propios. Primero, cuestionó a la UIS por hacerle seguimiento a la gestión, más adelante sus integrantes asistían a las sesiones solo para contestar lista y cobraban honorarios, y el más reciente estuvo en que se aumentaron el presupuesto para las unidades de apoyo de $4,8 millones a $12 millones mensuales para cada uno en los últimos cuatro años.
Sin embargo, el mayor escándalo que enfrentó esa corporación estuvo por cuenta del acuerdo que aprobó la posibilidad de que bajo un modelo cuestionado se sistematizaran las fotomultas. A eso se sumó la repartición burocrática que, según denuncias, tenían varios concejales en cada uno de los despachos de la administración. “Ese modelo desprestigió aún más una labor cuestionada por manejos políticos y de clientela que por el trabajo para la ciudad”, indicó Julio Acelas, analista político.
LA ASAMBLEA DE SANTANDER
Durante todo su periodo como gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa contó con una asamblea a su favor. De los 16 diputados solo 1 estuvo en la oposición, quien fue el que se encargó de llamar, junto a uno o dos diputados más, a varios de los debates de control político más sonados de esa Corporación.
En el cuatrienio la Asamblea discutió sobre la crisis de la salud, la refinería de Barrancabermeja y la disminución de las regalías en conjunto.
No obstante, a excepción de la oposición y en algunos casos uno o dos diputados más, esta Asamblea no habló sobre la reacomodación de metas del plan de desarrollo que se tradujo en programas que no concluyeron o ni siquiera se iniciaron; tampoco existieron pronunciamientos contundentes sobre la situación del deporte en el departamento o se tocó de fondo la delimitación de Santurbán y el seguimiento a los planes de apoyo para quienes viven en esa zona.
Aunque la construcción del Cerro del Santísimo y el manejo de la Corporación Panachi fueron ampliamente cuestionados, la Asamblea no exigió en conjunto que se cambiara el modelo bajo el que estaba operando el turismo en Santander ni hizo exigencias de fondo.
Sobre las denuncias por las licitaciones del Contrato Plan tampoco existió un pronunciamiento en conjunto y las explicaciones que se pidieron solo fueron de forma.
Otro de los cuestionamientos estuvo por cuenta de que la gran mayoría de los proyectos que presentó el Gobernador fueron aprobados sin debates de fondo y como resultado el departamento tiene dentro de su estructura administrativa dos secretarías más y hasta una empresa de servicios públicos.
“A la Asamblea nadie la conoció por su gestión, ese es el indicado más claro para medir cómo le fue. A excepción de uno o dos diputados, nadie conoció qué estaba haciendo”, aseguró Muñoz.
