Según el Auditor General, los consorcios Valderrama han logrado quedarse con $631 mil millones entre el 2014 y el 2015.
Publicado por: OSCAR IVÁN REY
El riesgo de ‘cartelización’ en la contratación pública en Santander ha llamado la atención de la Auditoría General de la República, en cabeza de Carlos Felipe Córdoba, quien dijo que existen “mallas” de empresas que se ganan la mayoría de las licitaciones.
En diálogo exclusivo con Vanguardia Liberal, no dudó en señalar al grupo Valderrama Solarte - Martínez Rodríguez; y al Empsenal - Surcolombiana, como las organizaciones más grandes a la hora de contratar en el Departamento.
El Auditor General señaló que en las administraciones de Luis Francisco Bohórquez y Richard Aguilar, los Martínez Rodríguez – Valderrama Solarte lograron contratar $631 mil millones, entre enero del 2014 y agosto del 2015.
Mientras tanto, Empsenal-Surcolombiana ha hecho lo propio en el sector de alimentos, obteniendo contratos por $93 mil millones en Santander y Colombia.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Cómo está el tema de contratación pública en Colombia?
Con el equipo hemos observado el predominio de la contratación directa sobre la licitación pública, de manera tal que la licitación pública se podría convertir en la excepción y la contratación directa en la regla. Se verificó también un aumento significativo en la contratación con entidades “sin ánimo de lucro” como los sindicatos, cooperativas y asociaciones, entre otras. De igual manera, un creciente aumento en la contratación con agencias temporales de empleos.
Por otro lado, identificamos concentraciones contractuales, donde los 20 primeros contratistas se quedan con el 20% y 30% de los recursos en contratación territorial, cifra que aumenta al desagregar las uniones temporales y consorcios. A su vez, algunas empresas se repetían en consorcios y uniones temporales, lo que identificamos como mallas empresariales.
¿Qué tan beneficioso es que las Sociedades por Acciones Simplificadas, SAS, puedan aspirar y contratar sin que nadie conozca los socios de esas empresas postulantes?
Si bien es cierto que se crearon en el 2008 para flexibilizar la creación de empresas en cuanto a su constitución, organización y funcionamiento, también lo es que se deberían tener en cuenta los principios de publicidad y transparencia en los diferentes procesos. La información es muy importante como principio de transparencia. En materia de contratación estatal lo es aún más, pues nuestra misión es ampliar cada vez más la lupa sobre los contratistas para proteger el dinero público.
¿Sí son beneficiosos los nuevos convenios interadministrativos de los que tanto se habla en la contratación pública de nuestro país?
Los convenios interadministrativos son una herramienta para cumplir los fines del Estado a través de la unión de esfuerzos para la consecución de ciertos objetivos. En este sentido todo iría bien, sin embargo, hay ciertos convenios que flexibilizan la contratación directa, sin el cumplimiento de los principios de la contratación, con altos márgenes de intermediación y costos administrativos elevados. Lo que habría que hacer sería un balance costo-beneficio real que les permita a las administraciones estar 100% seguros que las decisiones que tomen sean económicas, pero que también los resultados se vean rápidamente.
¿Ya tiene identificados quienes se quedan con la gran mayoría de licitaciones en el país y en especial en Santander?
Sí, ya se tienen identificados quienes se ganan la mayoría de las licitaciones, pero no sólo bajo esta modalidad de selección, sino sobre todas las demás como la contratación directa, la selección abreviada, el concurso de méritos, mínima cuantía, entre otras. Hay que hacer la aclaración que en este primer ejercicio solo se observó la contratación a nivel territorial.
En Santander nos llamó la atención la ‘malla’ Martínez Rodríguez – Valderrama Solarte con un valor contratado de $631 mil millones entre enero de 2014 y agosto de 2015. Este grupo de 92 empresas y socios tiene contratos en 12 departamentos del país a través de 56 uniones temporales y consorcios y se encuentran mayoritariamente en el sector infraestructura, transporte, alimentación y educación.
Por otro lado, también encontramos empresas de la zona en ‘mallas’ de la alimentación escolar como es la ‘malla’ Empsenal-Surcolombiana, la cual se especializa en el tema en Santander, Huila, Cesar, Casanare, Tolima, Bolívar y Meta, a través de 13 socios en 22 uniones temporales y consorcios y a cuenta propia. Ellos cuentan con al menos $93 mil millones en contratación entre el año 2014 y agosto de 2015, solo a nivel territorial.
¿Hay ‘cartelización’ en contratación pública en Colombia y Santander?
Se ha identificado una serie de grupos económicos que se especializan en contratar en diferentes sectores. Sin embargo, este solo es el primer paso para descartar cualquier tipo de ‘cartelización’. En otras palabras, lo que se quiere evitar es el riesgo de ‘cartelización’ de la economía y sus implicaciones como fijación de precios, creación artificial de monopolios o prácticas ilegales para acceder a la contratación, entre otras.
¿La contralorías regionales sí están cumpliendo con su labor de control fiscal?
Todos los colombianos sabemos que el sistema de control fiscal desafortunadamente está en crisis. Existe una desarticulación importante entre los diferentes actores que la comprenden, incluyendo la ciudadanía y las demás entidades involucradas. No hay que generalizar, porque sabemos que hay contralores que con sus recursos escasos han realizado un eficaz control fiscal, pero también hemos visto malos ejercicios de control fiscal. En este sentido, la Auditoría está implementando un nuevo sistema con el fin de articular un poco mejor los esfuerzos, en cuanto al tema de información contractual y presupuestal se refiere, y deseamos que tanto la ciudadanía como los sujetos vigilados como las contralorías se involucren en este proceso para lograr un control fiscal rápido, a la medida de las necesidades de los colombianos, y no póstumo, como hoy se percibe.
¿Qué es lo que más le preocupa de los gobiernos locales y regionales entrantes?
Como siempre nuestra preocupación consiste en que la lupa sobre los recursos se realice de la manera más inmediata posible, para garantizar una verdadera vigilancia y control. Que los nuevos gobernantes se comprometan con los sistemas de información y que las contralorías se apoyen en sistemas de alerta acordes con la tecnología, para detectar a tiempo los riesgos contractuales y presupuestales.
¿Continúa la mermelada generando corrupción en Colombia?
El ejercicio de contratación que realizamos se centró en la contratación territorial y en recursos mayoritariamente de los departamentos y municipios.
Lo que sí pudimos constatar en los comportamientos de los presupuestos es que unos suben y otros bajan más que proporcionalmente, entonces se nota que no se cumplen algunos parámetros para determinar estos cambios. Las transferencias de la Nación son necesarias para la inversión en los diversos sectores de la población.
Además de ser de carácter legal y constitucional, deberían responder coherentemente a las realidades y necesidades de los territorios.
Creo que lo que se debería hacer es fijar claramente estos criterios y hacer un estricto seguimiento al cumplimiento de estos. Ver realmente el impacto de dichos recursos en todos los temas (como por ejemplo salud, educación, empleo, alimentación, infraestructura, etc.)
