Diez años después del contrato por $2.300 millones para construir la Ptar de Barichra, la obra aún no funciona.
Publicado por: Unidad Investigativa
Diez años después de la firma del contrato para su construcción y con más de $2.300 millones invertidos, Barichara aún no cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, y las aguas residuales del municipio continúan siendo vertidas en varias fuentes hídricas frente a la mirada pasiva de las autoridades locales, ambientales y judiciales de la región.
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La controversial obra fue contratada en el primer gobierno del exalcalde Israel Agón (procesado judicialmente por las irregularidades en un proyecto de vivienda) y le fue adjudicada al cuestionado contratista Lenin Pardo (quien ha estado salpicado en diferentes escándalos de corrupción en el departamento). Hoy está convertida en un ‘elefante blanco’ que ahonda el daño ambiental en Barichara y continúa suscitando un daño fiscal.
De Ptar a ‘elefante blanco’
El 26 de diciembre del 2011, cinco días antes de terminar su primer periodo como alcalde, Israel Agón, a través del entonces gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Barichara, EPB, Jorge Eliécer Tasco Ardila (quien también está siendo procesado penalmente por el escándalo de La Primavera), suscribió el convenio interadministrativo 2.375 con la Gobernación de Santander por $1.750 millones para ampliar el sistema de alcantarillado y construir de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio.
Ya con la administración de Richard Aguilar Villa en propiedad, en febrero del 2012 se puso en marcha el convenio interadministrativo 2.375, comenzando con la entrega del 50% de anticipo del mismo: $891 millones.
Con el convenio en marcha, Jorge Eliécer Tasco Ardila, a través de una invitación privada, le adjudicó el millonario contrato a la firma Ciaming, propiedad de Lenin Pardo, esposo de la entonces asesora de despacho de Aguilar Villa para temas de infraestructura, Claudia Toledo, ambos investigados y a punto de ser sentenciados por irregularidades contractuales en la ejecución de las obras de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga, contrato que superó los $22 mil millones.
Así mismo, le entregó el contrato de interventoría a la empresa Corporación Regional de Servicios y Asesorías, Corensa, representada legalmente por Daniel Rojas Rojas (uno de los hombres de confianza del exalcalde Israel Agón) por valor de $30 millones.
Si bien el proyecto estaba contemplado para ser ejecutado en nueve meses, solo hasta agosto del 2015, es decir, cuatro años después, la Ptar fue entregada por parte del contratista, sin embargo, la planta de tratamiento nunca entró en funcionamiento por fallas estructurales.
Además de las prórrogas en tiempo, el contrato recibió adiciones presupuestales por más de $625 millones, por lo que la fallida obra terminó costando cerca de $2.300 millones.
Contaminación ambiental
En enero del 2017, año y medio después de entregada la obra, las autoridades de Barichara realizaron una inspección judicial a las instalaciones de la Planta de Tratamiento, ante las constantes quejas de la ciudadanía por los olores ofensivos y la contaminación de las fuentes hídricas en las veredas El Chagüete, en Barichara, y El Hoyo, en Cabrera.
En el acta de la audiencia, el juez del caso determinó que la Ptar no estaba funcionando, ya que no realizaba ningún tipo de tratamiento ni descontaminación de las aguas negras que llegaban a la planta y que posteriormente eran vertidas a la quebrada Barichara e incluso en el Salto del Mico.
“Desde el 2015 que se recibió la planta de tratamiento, a la fecha no ha funcionado y está vertiendo todas esas aguas negras en la quebrada Barichara, que es la que atraviesa el casco urbano, mientras en el municipio escasea el recurso hídrico. La sorpresa nuestra es que el contratista de la fallida planta de tratamiento es Lenin Darío Pardo, quien está siendo investigado por una red de corrupción”, señaló en su momento el concejal de la oposición Milton Chaparro.
Liquidación exprés
Tres días después de la diligencia judicial por los olores ofensivos que emitía la Ptar, el contratista Lenin Pardo y la Empresa Servicios Públicos de Barichara, representada en ese momento por Otto Ferney Bayona (hijo del exconcejal Otoniel Bayona, sancionado por construir unos locales comerciales en la entrada de Barichara sin el permiso del Ministerio de Cultura) firmaron el acta de liquidación del cuestionado proyecto. El documento también fue firmado por Daniel Rojas Rojas, interventor de la obra.
Entre el 2016 y el 2019, Rojas Rojas obtuvo más de 15 contratos con la Alcaldía de Barichara.
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Derrames en La Primavera
Para el 2016, la entonces gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant, Mónica Monsalve (cuota de Fredy Anaya, actual Contralor Departamental de Santander) firmó el contrato 223-16 por valor de $2.300 millones con el Consorcio Redes Barichara, conformado por Édgar Leonardo Gómez y Germán Alberto Serrano, con el objetivo de construir las redes de acueducto y alcantarillado de la urbanización de interés social La Primavera.
A pesar de que dicho contrato ya fue liquidado en su totalidad, la red de alcantarillado de La Primavera no fue conectada a la fallida planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que las aguas negras de la urbanización, también están siendo arrojadas a la quebrada Barichara.
Videos publicados en redes sociales muestran cómo desde la Ptar y el alcantarillado de La Primavera se continúan vertiendo las aguas negras en la quebrada Barichara y el Salto del Mico.
La puerta giratoria
Actualmente en el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de San Gil se adelanta el juicio oral en contra del exalcalde Israel Agón; Jorge Eliécer Tasco, exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Barichara; y Leandro Sánchez, constructor del proyecto La Primavera. Esto por las irregularidades en la construcción del proyecto de vivienda de interés prioritario en ese municipio de la provincia guanentina.
Los tres sindicados están siendo procesados por los delitos de urbanización ilegal, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, entre otros.
Pero además de La Primavera, Agón, Castro y Sánchez también tienen injerencia directa en la fallida Ptar de Barichara. Mientras Israel Agón como alcalde de la época gestionó los más de $1.700 millones de la Gobernación, Eliécer Tasco, como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Barichara, fue el encargado de la suscripción formal del contrato, mientras que Leandro Sánchez actuó como supervisor del fallido proyecto.
Además, en la actualidad la Empresa de Servicios Públicos de Barichara está siendo gerenciada por Ana María Aparicio Angarita (una de las mujeres con mayor poder dentro del círculo de confianza del exalcalde Israel Agón, según diversas fuentes).
Ana María fue nombrada por el alcalde de Barichara, Alfonso Rodríguez (cuota de Israel Agón), como gerente de la EPB, luego de que la Procuraduría revirtiera una condena sancionatoria que previamente había emitido en contra de la hoy funcionaria por las irregularidades disciplinarias en las que incurrió en 2016, cuando Ana Aparicio, entonces secretaria de Hacienda de Barichara y actuando como alcaldesa encargada, en reemplazo de Israel Agón que acababa de ser capturado, celebró un contrato de dación de pago del predio El Huerto, que hacía parte del proyecto de vivienda La Primavera, del cual ella era beneficiaria.
Por esos hechos, la Procuraduría Regional de Santander ratificó en segunda instancia el fallo que inhabilitaba a Ana María Aparicio para ejercer cargos públicos por 10 años. Sin embargo, en 2019, Aparicio Angarita, a través del abogado Roberto Ardila Cañas (exasesor jurídico de la administración de Richard Aguilar), interpuso una demanda en contra de la sanción interpuesta por el Ministerio Público en su contra, logrando que la Procuraduría revocara el fallo y ordenara el reintegro de la controvertida funcionaria a la administración municipal, además de recibir una indemnización monetaria por los daños causados.
Aparicio Angarita como gerente de la EPB es la persona que debe velar para que la Ptar de Barichara por fin se ponga en marcha de manera idónea y no continuar contaminando las fuentes hídricas ni dejar perder los recursos públicos del municipio.
¿Qué sucedió con las pólizas?
En agosto del año pasado, la Empresa de Servicios Públicos de Barichara anunció que había recibido $429 millones de la póliza de estabilidad de la obra. Según explicó en su momento Ana María Aparicio, gerente de la entidad pública, “el pago de estos recursos por parte de la aseguradora se dio luego de un proceso administrativo y legal que inició en febrero de 2020 cuando se empezó a hacer el diagnóstico de las fallas. Luego, en julio, la empresa declaró el siniestro de la obra, en septiembre se confirmó la declaración tras resolver un recurso que presentó la aseguradora y ante el no pago del título administrativo se procedió a instaurar un proceso judicial que terminó con la cancelación de los recursos”.
Sin embargo, a pesar del pago de dichos dineros por parte de la aseguradora, un año después la Ptar continúa sin funcionar.
Esta redacción intentó comunicarse con la gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Barichara, pero no hubo respuesta por parte de la funcionaria.
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millones terminó costando la construcción de la Ptar de Barichara que nunca funcionó.
Autoridades no ejercen control
Veedores ciudadanos han advertido que a pesar de las irregularidades con la fallida Ptar de Barichara, el control y sanción por parte de las autoridades ha sido casi imperceptible.
“A pesar de todas las irregularidades alrededor de la Ptar de más de $2.300 millones, donde está implicado el exgerente del acueducto, quien también está siendo procesado por La Primavera, la CAS a la fecha no ha tomado las acciones pertinentes respecto de la gran afectación ambiental que se está produciendo sobre la quebrada”, advirtió Yusely Reyes, veedora de Barichara.
Ante esta situación, la comunidad barichara y el representante Fabián Díaz interpusieron el pasado mes de abril una acción popular en contra del municipio, la Gobernación y la CAS, para que las autoridades tomen acciones sobre el asunto y se ponga en funcionamiento la siniestrada Ptar.
“Esta acción popular fue admitida ante la vulneración a los derechos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, la salud, la vida, la conservación de las especies animales y vegetales, a la protección de áreas de especial importancia ecológica, derecho a la defensa de los bienes de uso público y derecho a la defensa del patrimonio público, violación del principio de precaución, derecho a la salud y el bienestar general y derecho colectivo a la moralidad administrativa. Esto en razón al elefante blanco en el que se terminó convirtiendo la Ptar de Barichara. Esta obra fue entregada tres años después sin prestar ningún tipo de servicio, incluso está generando graves daños ambientales en fuentes hídricas del municipio, pues a la fecha no han garantizado el interés general de las comunidades que han sido afectadas con este proyecto”, acotó Fabián Díaz.
Sin embargo, aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda, no quiso vincular como presunto responsable a la Gobernación de Santander, aparentemente por un error de procedimiento por parte de los demandantes.
Como consecuencia, el Instituto Anticorrupción interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un recurso para coadyuvar la demanda de la comunidad y el representante Díaz, por las irregularidades en la Ptar.
“Este es un caso de corrupción que está relacionado con Richard Aguilar, pues la Ptar se empezó a ejecutar durante su Gobernación y está inconclusa. Se invirtieron más de 2 mil millones de pesos y no está en funcionamiento. Además, existen vertimientos a cuerpos de agua que afectan el medio ambiente. Uno de los propósitos de la intervención es que se vincule a la Gobernación de Santander, pues esta fue la entidad que suscribió el convenio y no está dentro de la acción popular por la falta de un requisito de forma. Es importante que esté vinculada dentro del proceso porque tiene responsabilidad”, explicó Alejandra Gálvez, asesora en tema de litigio del Instituto Anticorrupción.
Al cierre de esta edición, el Tribunal Administrativo no había emitido ninguna decisión con respecto al caso de la Ptar de Barichara.
Alexcevith Acosta, director de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, ya aperturó una investigación para identificar la razón por la que no está funcionamiento la Ptar y de qué forma debe tratar esas aguas residuales.
“Por los errores en la construcción debe responder el departamento que fue el que construyó esa obra. Nosotros no hacemos una evaluación técnica ni jurídica de cómo construyeron la planta, nosotros dimos apertura a una investigación por el posible incumplimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Habiendo la aseguradora respondido por la planta, se debe vaciar, recoger esas aguas residuales y lodos, para reparar internamente la Ptar y ponerla nuevamente en operación. Creería yo que sería cuestión de seis meses”, explicó Acosta.
Según el director de la CAS, la corporación puso a disposición del municipio de Barichara una planta piloto que desarrolló junto con Unisangil para depositar temporalmente las aguas residuales mientras se repara la Ptar.
La orden de apertura de la investigación por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander fue emitida en diciembre del año pasado. Hoy, siete meses después, no se conoce de algún avance, ni en el tema sancionatorio ni en el proceso de reactivación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Barichara, que ponga fin al problema ambiental que se vive en ese municipio de la provincia guanentina.
