Tras una denuncia hecha en la Asamblea de Santander, la Contraloría General de la República habría hecho hallazgos de presuntas irregularidades en un proyecto para la optimización del acueducto en el municipio.
Publicado por: Redacción Política
De acuerdo con el diputado de Santander, Giovanni Leal, “venimos haciendo un seguimiento al proceso de optimización del acueducto en El playón. Esta denuncia se adelantó ante la Contraloría quien hizo su análisis y realizó varios hallazgos”.
Leal dijo que uno de los hallazgos tiene que ver con que la infraestructura del acueducto debía suministrar 40 litros por segundo de agua potable para los habitantes del mencionado municipio. “Lo que resulta de estas dos fases de obra que se contrataron es que sólo están llegando 26 litros por segundo de agua. Lo que encontró la Contraloría es que se trataban 26 litros por segundo y los 14 restantes los completaban con agua cruda”.
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El corporado dijo que cuando la Secretaría de Salud Departamental adelantó mediciones sobre el índice de riesgo de calidad del agua se evidenció que en algunos meses de 2022 y otros de 2023 dicho riesgo alcanzaba cerca del 95 %.
En tal sentido, la Contraloría General de la República afirmó que “la Secretaría de Salud de la Gobernación de Santander entregó los resultados de los meses de octubre, diciembre de la vigencia 2022 y el mes de febrero de la vigencia 2023, evidenciando que los resultados negativos se dan en meses intercalados en el segundo semestre del 2022 y del primer semestre del 2023; por lo cual el único soporte del resultado del mes de septiembre de 2023 con resultado positivo suministrado por la administración municipal, no desvirtúa lo evidenciado anteriormente, ni tampoco asegura que el municipio si se encuentra abasteciendo continuamente a la comunidad con agua potable de calidad”.
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El ente de control anotó que “En consecuencia, se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 5 de la Ley 142 de 1994”.
En cuanto a los tiempos de ejecución de la obra, el diputado Leal indicó que “en principio el convenio estaba suscrito para ejecutarse en 10 meses y al final se extendió hasta 39 meses, es decir, cerca de cuatro veces del plazo establecido. Sin embargo, en una visita hecha por la Contraloría en 2023 se constató que aún no estaba en funcionamiento el proyecto”.
En el documento de la Contraloría se hizo mención a este tema y se explicó que hay un hallazgo relacionado con “Planeación, ejecución y supervisión del Contrato de Obra No. 088 del 2018. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal”. La cuantía del daño fiscal ascendería a los $2.019.274.482,50 millones.
La Contraloría anunció que tras la investigación, “se procederá a dar traslado del hallazgo con incidencia Fiscal, a la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República, para lo de su competencia”.
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Asimismo, se agregó que, teniendo en cuenta que se evidencian conductas que deben ser investigadas por parte de la Procuraduría General de la Nación, se procederá a dar traslado a dicha entidad para que adelante las investigaciones pertinentes.
