Este jueves en plenaria de la Asamblea de Santander se retomó el debate acerca de la Tasa de Seguridad propuesta por la Gobernación de Santander.
Esta iniciativa busca recaudar recursos a través del pago del recibo de energía. Su objetivo es financiar proyectos clave para garantizar la seguridad multidimensional en el departamento.
La reactivación de la discusión se dio luego de que la Procuraduría determinara que varias recusaciones que se habían interpuesto a los diputados fueran declaradas como improcedentes. Lea también: Futuro de Metrolínea en el área se debatirá en el Congreso de la República
Con el recinto lleno, tanto de ciudadanos que apoyan la propuesta como de quienes se oponen a la iniciativa, se ambientó el debate en la Duma. Varios ciudadanos se quedaron por fuera de la sala.
Algunos diputados intervinieron y expusieron sus argumentos sobre la propuesta.
Entre las proposiciones de los corporados, una de las que se destacó fue la de establecer una tabla para regular la forma en la que se calcula la contribución que tendrán los usuarios de energía eléctrica de los estratos 4, 5 y 6. Le puede interesar: Petro ‘guardó silencio’ ante petición de la Asamblea de brindar más seguridad en Santander
La mencionada propuesta también plantea condiciones para que, de aprobarse la propuesta, los recursos sólo puedan ser destinados para la seguridad de Santander.
Al cierre de esta edición no se había adelantado la votación para definir el futuro del proyecto de ordenanza.
¿Para qué se usarán los recursos?
Entre otros, los recursos serían invertidos en la construcción de Centros de Gestión de Emergencia y Seguridad (CEGES) para Bucaramanga y Barrancabermeja, además de la implementación de Centros Integrados de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata (CIMVRI) para las provincias. Vea además: Este domingo terminará la actual operación de Metrolínea: ¿Qué pasará el lunes?
Cabe decir que en días pasados seis diputados solicitaron al presidente Petro un Conpes por cerca de $500 mil millones para que el Gobierno Nacional asuma inversiones necesarias para la seguridad. Sin embargo, el diputado Francisco González afirmó que “desafortunadamente, 15 días después no hemos tenido respuesta. El Gobierno Nacional guardó silencio”.
