El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático estará en cámara ardiente durante tres días, en el Congreso de la República.
Declarar el crimen de Miguel Uribe Turbay como delito de lesa humanidad y que no prescriba entre los archivos de polvo que reposan en los juzgados y en la misma Fiscalía General de la Nación. Esa es la solicitud del abogado de la familia, Víctor Mosquera, y de expertos que consideran que este caso no puede quedar en la impunidad y convertirse así en una ‘cifra’ más de la violencia política en Colombia.
Contra el congresista del Centro Democrático atentaron en nueve oportunidades en la tarde del sábado 7 de junio. Tres impactos de bala que lo dejaron en una Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, durante dos meses y cuatro días, hasta que falleció este lunes por complicaciones de salud, en la Fundación Santa Fe.
El crimen de Miguel Uribe Turbay es para muchos un retroceso a las peores épocas de la violencia. Para otros, es el punto de quiebre de lo que será un antes y un después en un país que tiene una carrera presidencial a menos de un año y que puede ser la más violenta de la historia, según la Defensoría del Pueblo.
El analista político e investigador del Politécnico Grancolombiano, Jaime Wilches, califica este atentado como un evidente retroceso de la violencia que pone en riesgo la democracia y fragmenta una visión unida de país.
“Sin duda es un retroceso para la democracia, que después de 35 años veamos un hecho que evidencia la desconfianza de la sociedad civil hacia las instituciones. El silencio de autores clave es riesgoso para el fortalecimiento de la democracia y esto es consecuencia de dejar que crezca y se enarbolen banderas de odio y discursos polarizantes”, afirmó el experto.
Para Wilches, son importantes los papeles que están jugando los mismos partidos, las universidades, los medios de comunicación como centros intelectuales y también la misma institucionalidad gubernamental.
Que se califique como un magnicidio, por tratarse del crimen de un senador con aspiraciones presidenciales, pone en la palestra la importancia de esclarecer este hecho y determinar - con exactitud - quiénes estuvieron detrás del gatillero detenido, quien es clave para esclarecer los hechos.
Para Patricia Muñoz, experta en política y elecciones, este crimen plantea no solo un momento doloroso para el país, sino también una ‘resurrección’ de los hechos violentos de hace más de 30 años en las épocas violentas.
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“Creo que la situación que estamos viviendo tiene varios elementos hacia futuro. Pone de relieve la fragilidad producto de la falta de medidas para proteger a los candidatos en los procesos electorales. Esto demanda más protección”, sostuvo la analista.
‘Campañas amedrentadas’
Colombia está a 10 meses de abrir urnas para las elecciones presidenciales y legislativas. Y la seguridad no es la indicada para recorrer las regiones y hacer el proselitismo que aún no empieza de forma oficial.
Bien lo ha dicho la Defensoría del Pueblo: cerca del 70 % del país tiene riesgo por los grupos armados al margen de la ley que pueden influir en las jornadas electorales del próximo año.
En un sentido similar opina el columnista y analista político, Jhon González, quien considera que con el reciente atentado a Miguel Uribe Turbay las campañas políticas quedan “amedrentadas” y con un constante miedo para el proselitismo.
“Acá uno quisiera hablar sin tinte político, pero es imposible. Tenemos a un candidato presidencial asesinado, luego de tres décadas de creerse superada la violencia. Y esto marcará - indiscutiblemente - cuál va a ser el ánimo de las campañas presidenciales sin distinguir partido. Todas van a quedar atemorizadas y recorrer regiones y hacer mítines públicos será difícil”, afirmó.
Pese al pasar de los años, el analista considera que esta campaña presidencial podría ser más peligrosa que la de hace 30 años, toda vez que hay varios agravantes: “Hace años había estabilizadores políticos, había fortaleza institucional. Ahora el país está soportado en una estructura en el aire. La estabilidad del país está en el momento más dramático de su historia reciente”.
En esa misma corriente opinó Patricia Muñoz, sosteniendo que el temor seguirá presente durante los restantes 10 meses de elecciones, tal y como ocurrió en 2023 en Ecuador, cuando asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio, o en los años 80 cuando también los carteles acabaron la vida de al menos tres aspirantes.
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“El compromiso es de todos”
Son muchas las voces que piden mesura y ‘bajar el tono’ al conflicto político de país. La polarización en todos los escenarios sigue siendo una amalgama de diferencias y confrontaciones que inician desde las redes sociales y escalan hasta lo personal.
Gerardo Martínez, analista político y abogado, cree que ‘bajar’ el tono de la discusión es algo que debe iniciarse desde el presidente Gustavo Petro, quien como primera autoridad debe mantener una mesura clara y no aumentar la polarización.
“El compromiso es de todos. Entre mas responsabilidad se tenga, entre mejor cargo se tiene, más obligaciones hay de bajarle el tono. Esos desbordes retóricos en el Congreso pone los muertos en los pueblos. Ahí se van de lengua y en otro lado se matan. Esa provocación desde el presidente, pasando por los parlamentarios, si no se modera, no cambia la cosa”, afirmó Martínez.
Sin duda, el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay marca un antes y un después en la historia de Colombia. Una campaña enrarecida por la violencia y un miedo latente en las contiendas y en los sectores civiles harán parte de la carrera presidencial que viene para el próximo año.
