Horas de intensa violencia ha vivido el Suroccidente del país. Las disidencias de las Farc, que no continúan en la mesa de la Paz Total, volvieron a atentar contra la población civil. Expertos analizan el contexto violento en medio del proceso electoral.
Cilindros bomba, retenes ilegales, amenazas constantes, grafitis relacionados con las disidencias de las Farc y más de 20 muertos mantienen la incertidumbre en el suroccidente del país, donde la ola de violencia se ha agudizado un mes antes de las elecciones presidenciales de mayo.
En tan solo tres días, los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño han reportado 31 hechos violentos a manos de las mal llamadas disidencias de las Farc o también conocidas como el ‘Estado Mayor Central’, que comanda ‘Iván Mordisco’, uno de los desertores más sangrientos del Proceso de Paz firmado en 2016 con el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.
Mientras las Fuerzas Militares acordonan los tres departamentos y las autoridades toman medidas para mantener el control de las regiones, surge la pregunta de carácter político para estas épocas: ¿hay condiciones de seguridad para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo?
A principios del mes de marzo, cuando la escalada de violencia del Estado Mayor Central no estaba en su punto más alto como ahora, el Gobierno Nacional reforzó la seguridad en 108 municipios del país, con presencia de la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.
“Estamos activando todas las capacidades del Estado para garantizar elecciones transparentes, seguras y con plenas garantías para todos los actores políticos y para la ciudadanía”, aseguró en ese momento el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Alarmas electorales
El presidente Gustavo Petro, desde hace varias semanas, ha prendido unas “alarmas” sobre los riesgos de fraude electoral; aunque sin prueba alguna, ha señalado incluso a algunos candidatos de beneficiarse en el escrutinio con los software internacionales que tienen en sus manos los procesos en cuestión.
Pero ha omitido algo importante: y es confirmarle al país si hay algún riesgo de seguridad para los comicios, como lo ha advertido la Defensoría del Pueblo, que en el 70 % del país podría haber algún tipo de injerencia de los grupos armados al margen de la ley en estas elecciones.
A mediados de abril, fue la Misión de Verificación de la ONU la que alertó sobre los hechos de violencia y cómo estos pueden afectar el proceso electoral.
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“Sigo preocupado por los incidentes de violencia que se produjeron durante la campaña y por la influencia que los grupos armados siguen ejerciendo en las zonas afectadas por el conflicto”, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Para Patricia Muñoz, experta en elecciones y profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, estos hechos violentos no son más que demostraciones de su poderío terrorista al Gobierno saliente y a los candidatos que, de ganar, tendrán que sortear esta primera ‘papa caliente’.
“Estos son mensajes que se envían a los actores gubernamentales que iniciaron la Paz Total, que llamaron a las mesas de negociaciones y luego rompieron el diálogo por las razones que ya conocemos. Es una muestra del poder que tienen en estas regiones y una alerta de lo que se enfrentará el que gane la Presidencia”, puntualizó la experta en elecciones a Vanguardia.
Pese a que desde diferentes sectores han cuestionado quiénes se verían beneficiados electoralmente con estos hechos terroristas, Muñoz cree que no se puede sacar esa conclusión sin tener alguna prueba que confirme que hay algún candidato beneficiado o alguno perjudicado.
“No hay evidencias de que provengan a beneficiar a un actor político en concreto. De eso no hay ninguna evidencia. No hay información de que se pueda atribuir para beneficiar o perjudicar en medio del proceso electoral en el que estamos. Ni Inteligencia Militar ni nadie ha sostenido que haya un vínculo político”, dijo.
La experta sí cree necesario que el Gobierno tenga mayor presencia en estos departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño para garantizar la seguridad del proceso electoral.
Por otra parte, el experto en temas electorales, Andrés Dávila, considera que el proceso electoral en Colombia sí o sí se dará y que los grupos armados, más allá de lo que han hecho, no intervendrían más en los comicios.
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“Elecciones van a haber sin problema. No es la primera vez que se dan estos hechos, claramente no se trata de normalizarlo. Pero pasa en Colombia”, afirmó el experto, mientras también sostenía que desde algunos sectores políticos intentan sacar réditos para sus campañas en medio de la tragedia de las regiones.
Reconoce —por ejemplo— que la seguridad ha empeorado en el suroccidente del país, pero aclara que no son los inicios de los 2000 como muchos han querido comparar recientemente.
“En este momento electoral todo el mundo intenta sacar ventaja política. Han crecido los homicidios y la inseguridad. Pero no estamos en 1998 o en 2002. Estamos lejos de esas épocas de hace 25 años”, puntualizó el experto en temas electorales.
¿Fraude electoral?
Si bien es cierto las alertas de elecciones están prendidas por cuestiones del orden público, el presidente Gustavo Petro decidió revivir una polémica con poco sustento y mucho de por medio.
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Nuevamente ha criticado el proceso electoral - que lo eligió concejal, representante, senador, alcalde y presidente - argumentando que “se quieren robar las elecciones”.
“Acá hay un hecho que no es menor.El presidente Gustavo Petro calienta también los ánimos diciendo que hay riesgo electoral, eso sin sustento, pero sí puede influir de manera negativa en las poblaciones, donde el eco del jefe de Estado llega”, afirmó Andrés Dávila, experto en elecciones y temas políticos de Colombia.
Ha culpado al sistema de Indra, a Thomas Greg & Sons de querer influir en las elecciones, supuestamente, para beneficiar a un candidato.
El registrador Hernán Penagos desmintió y afirmó que no hay riesgo de fraude electoral como lo ha dicho el mandatario de los colombianos.
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Un magnicidio en medio de la guerra
Las fricciones que se dieron entre el Gobierno Nacional y las disidencias de la Segunda Marquetalia, el primer bloque disidente de las Farc que se levantó en armas tras la firma del Acuerdo de Paz, pasaron factura en junio del año pasado, cuando sicarios contratados por esa estructura, bajo el mando de alias ‘Iván Márquez’, atentaron en contra del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, mientras estaba en un mitin en un parque popular de Bogotá.
Por este hecho, que se dio el 7 de junio de 2025, las autoridades y la Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzaron los esquemas de seguridad de todos los aspirantes a la Presidencia de Colombia.
El asesinato de Uribe Turbay se dio luego de la crisis en la mesa de negociación entre la Segunda Marquetalia y el Gobierno Nacional.
Por el magnicidio, más de cinco personas fueron detenidas e incluso hay condenados, quienes revelaron que el grupo armado ordenó el crimen.
Seguridad a candidatos
Los candidatos punteros en las encuestas, Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia, han sido víctimas de las amenazas que les han llegado en medio del proceso electoral.
A los tres, la Unidad Nacional de Protección (UNP) les aumentó sus esquemas de seguridad para seguir con sus eventos proselitistas.
Sin embargo, a sus campañas siguen llegando amenazas. Esta semana, el Centro Democrático, que avaló a la candidata Paloma Valencia, le notificó extraoficialmente al senador Iván Cepeda que en La Dorada, Caldas, estaban planeando un atentado en su contra.
A la misma Valencia y a Abelardo De La Espriella les publicaron fotos en redes sociales en una corona fúnebre. En un mitin de la candidata uribista también decomisaron el arma a una mujer.
Todos los 13 candidatos cuentan con robustos esquemas de seguridad de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.
