La entidad venía con esa medida desde noviembre de 2024 y desde entonces tuvo líos de dinero y escándalos como pago de facturas a casinos y prostíbulos.
Publicado por: El Colombiano
Las intervenciones que ordenó el expresidente Gustavo Petro contra las entidades promotoras de salud (EPS), según las decisiones judiciales, han resultado un desastre. Al menos así ha sido con tres: Sanitas, Savia Salud y ahora Coosalud, que reúne a 3’356.753 afiliados en el país.
Los tribunales le tumbaron al petrismo esas intervenciones y les han devuelto el control a los dueños, que señalaron, en distintos momentos, la arbitrariedad de esas determinaciones.
El caso más reciente ocurrió este viernes. El Tribunal Administrativo de Bolívar suspendió —a modo de medida cautelar de urgencia, por lo cual es provisional— la intervención de Coosalud EPS y ordenó devolver la administración de la entidad a sus antiguos directivos. La medida había sido ordenada por el gobierno de Gustavo Petro en noviembre de 2024 y prorrogada en ese mismo mes de 2025.
Para sustentar su petición, la defensa de la Cooperativa Coosalud aportó informes de organismos de control que advertían sobre el deterioro financiero, el aumento de quejas y tutelas, las barreras de acceso a los servicios de salud y los cambios frecuentes en la dirección de la entidad.
Tras el fallo, la entidad deberá ser entregada a Jaime Miguel González Montaño, como representante legal y presidente, y a Natalia Largo González, como suplente. Estas personas la administraban antes de la intervención. La determinación también incluye comunicar a la Contraloría y la Procuraduría para que ejerzan un acompañamiento y vigilancia administrativa, financiera y técnica sobre el funcionamiento de la EPS. Aunque cambia la administración, esto no debería tener efectos en el día a día de los trámites y demás requerimientos de sus afiliados.
¿Por qué se había frenado?
El Tribunal Administrativo de Bolívar había tomado la decisión en abril pasado, pero no fue ejecutada. Julián Quintana, abogado de Jaime González Montaño, aseguró en ese entonces que el proceso de entrega se habría detenido por instrucciones provenientes de la Superintendencia de Salud.
Quintana expresó que el interventor de la EPS les informó que había recibido una orden directa de no proceder con la devolución de la administración. “El gobierno de Gustavo Petro se niega a entregar la EPS Coosalud. Estamos en Cartagena y el interventor nos ha comunicado que la Superintendencia de Salud le dio la instrucción de no entregar nada. Acudiremos a las instancias correspondientes para que cumplan la orden del honorable Tribunal”, señaló el abogado en su cuenta de X.
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Investigaciones a los directivos
Cabe recordar que el 5 de agosto de 2026, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria al presidente Jaime González Montaño y a siete miembros de la junta directiva de Coosalud EPS, por posibles irregularidades relacionadas con operaciones financieras prohibidas por la regulación en salud, según informó el ente de control.
La Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública busca establecer, según comunicó la Procuraduría, si los servidores vinculados al proceso incurrieron durante la vigencia 2024 en irregularidades en pagos a terceros, una posible concentración de la dispersión de recursos destinados a este rubro y en un contrato de coworking (espacio de trabajo compartido).
Con el desarrollo de la investigación y la solicitud de pruebas, la Procuraduría busca verificar y determinar si hubo alguna infracción y analizar si hubo justificación. Por el momento, no ha tomado una decisión con respecto a los involucrados.
Escándalos durante la intervención
Coosalud fue una de las EPS que salió con mayores deudas durante el gobierno de Gustavo Petro: $6,2 billones. Dos años después, Cambio reveló supuestos pagos con tarjetas corporativas del Grupo Coosalud en un casino y en un prostíbulo en Cartagena. También habría retiros millonarios en efectivo y contratos cuestionados en Soluinnova, otra sociedad vinculada a la empresa, relacionada con inmuebles y adecuaciones.
Esa EPS hace parte, junto a Soluinnova y otras empresas, de la Cooperativa Coosalud. La EPS tiene el 94,49 % de participación de la cooperativa. De hecho, un mes después de que la Superintendencia de Salud intervino Coosalud EPS, la Superintendencia de Economía Solidaria asumió el control de la cooperativa.
Esto es relevante porque es precisamente de empresas de la cooperativa, como Portichelly (dedicada a la confección de uniformes) y la mencionada Soluinnova, desde donde supuestamente habrían venido estos pagos cuestionados.
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El 23 de septiembre de 2025, mientras Coosalud estaba intervenida por el gobierno de Petro, una tarjeta corporativa de Inversiones Portichelly se habría usado para realizar cuatro pagos por cinco millones de pesos en Texas Luxury Casino, en el barrio El Bosque, en Cartagena.
Los extractos bancarios a los que hace referencia ese medio registrarían dos operaciones de un millón de pesos, una de dos millones y otra de un millón.
Dos meses después, el 28 de noviembre, la cuenta de Portichelly habría registrado dos pagos de $400.000 cada uno en El Paraíso del Marino, que se describiría en el informe de hallazgos como un prostíbulo ubicado en el barrio Vista Hermosa, también en Cartagena.
Luego, entre agosto y diciembre de 2025, de esa cuenta de Portichelly habrían salido más de $56 millones en efectivo a través de cajeros. El 25 de septiembre, a tan solo dos días de los pagos en el casino, se habrían retirado $14,6 millones en una sola operación.
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Quien administraba la cooperativa en ese momento era Andrés Felipe Arango, designado por la entonces superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, quien asumió ese cargo en agosto de 2023.
Este viernes, el mencionado medio de comunicación reveló que la aseguradora pagó $3.104 millones por una herramienta tecnológica para supervisar las sedes que tiene en otras ciudades. La inversión se hizo en 2025, pero una revisión que hizo la Contraloría del contrato determinó que los funcionarios de la EPS no pudieron abrirla ni mucho menos usarla. Incluso, la alerta menciona que no hay evidencia de que hubiera funcionado.
