Concejales y expertos denuncian posibles irregularidades en la firma, sin convocatoria pública y al límite de entrar en vigencia la Ley de Garantías, de un contrato por más de 2.136 millones con una firma de abogados.
Tres días antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías, (norma que restringe la contratación directa en las entidades públicas en época electoral), la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga, en cabeza de la abogada Saharay Rojas, firmó un contrato por más de $2.136 millones, bajo el modelo de contratación directa, con una firma de abogados con la que se estaría tercerizando la gestión del cobro coactivo del municipio para la vigencia 2022.
Para algunos concejales y expertos en contratación estatal, la suscripción de esta manera del millonario contrato, la fecha de la suscripción, la legalidad del objeto contractual y la manera tan expedita como se formuló y aprobó, ponen en duda la transparencia del proyecto con el que ahora se gestionará el cobro coactivo de los deudores morosos en el municipio de Bucaramanga.
El 26 de enero del 2022, (tres días antes de comenzar a regir la Ley de Garantías para las elecciones legislativas y presidenciales), la secretaria de Hacienda de Bucaramanga, Saharay Rojas, suscribió el contrato 008, mediante el cual contrató a la firma Rodríguez y Correa para la gestión del cobro coactivo de la cartera vencida del municipio para la vigencia 2022.
Según el contrato, además de los $2.136 millones, la firma Rodríguez y Correa Abogados SAS, empresa representada legalmente por Gime Alexander Rodríguez e Ingrid Azucena Morante Hernández, también recibirá un 16% como comisión de éxito por cada proceso de recuperación de cartera efectivo.
A pesar de su millonario monto, la Secretaría de Hacienda decidió no hacer un concurso público y se inclinó por la contratación directa a través de un modelo de prestación de servicios, para realizar de esta manera el cobro coactivo del municipio en el 2022.
“En febrero pasado, en las postrimerías de la Ley de Garantías le entregan el contrato 008 en la Alcaldía de Bucaramanga, en ejecuciones fiscales, para gestión de cartera y cobro coactivo, por $2.136 millones. Contrato que fue entregado a las carreras, evitando la convocatoria pública, para un contrato por semejante cuantía. Mientras el alcalde saca pecho de una supuesta pluralidad de oferentes en su administración, la realidad es que entrega millonarios contratos a dedo”, cuestionó el concejal de la Liga de Gobernantes, Antonio Sanabria.
Expertos en contratación estatal pusieron en duda la legalidad del contrato 008 del 2022 de la Alcaldía de Bucaramanga.
Según expertos consultados por Vanguardia, cuando una entidad estatal delega una función administrativa específica como el cobro coactivo, necesariamente se tienen que cumplir ciertas normas, como la delimitación de las funciones a través de un acto administrativo y la convocatoria pública, requisitos que en este caso se habrían omitido.
“El artículo 2 de la Ley 489 de 1998 señala que cuando una entidad pública quiere entregar función administrativa específica a un particular, en este caso el cobro coactivo, se requieren dos cosas: primero emitir un acto administrativo en el que se delimita o se confiere las condiciones de esas funciones, y segundo se tiene que hacer un acuerdo con el particular en el que la entidad, (en este caso la Alcaldía), debe elaborar un pliego o términos de referencia mediante la resolución o acto administrativo previamente emitido y genera un convocatoria pública teniendo en cuenta la Ley de Contratación Pública. Es decir, ese contrato no cumple con la ley”, explicó a esta redacción uno de los especialistas consultados.
“Los vínculos laborales entre la administración Cárdenas y la firma Rodríguez y Correa Abogados no son nuevos”, así lo señaló el concejal de la oposición, Antonio Sanabria, al revelar que hasta el 2019 Gime Alexander Rodríguez se desempeñó como contratista por prestación de servicios, siendo abogado en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en la oficina de ejecuciones fiscales. Ya en el 2021 Rodríguez apareció como representante legal de Rodríguez y Correa Abogados.
Pocos meses después de la llegada de Gime Rodríguez a la dirección de Rodríguez y Correa, la firma de abogados comenzó a contratar con la administración municipal para el cobro de cartera y gestión de cobro coactivo, labores que realizaba Gime Alexander como contratista en Tránsito.
“En ese mismo año, 2021, le dan a Rodríguez y Correa Abogados su primer contrato en la administración Cárdenas por $350 millones para ejecutar el contrato de recuperación de cartera de Tránsito, en el cual él, Gime Rodríguez, se compromete a hacer un cobro de cartera, poner un software y montar un call center para realizar la gestión del cobro con las bases de datos de la Dirección de Tránsito, pero tanto el software como la base de datos quedan para el contratista. Ahora la Secretaría de Hacienda le entrega el mismo contrato pero por $2.136 millones”, agregó el concejal.
Todo esto, según la denuncia, significa que en menos de un año Rodríguez y Correa Abogados se ha adjudicado contratos por $2.486 millones con la administración del alcalde Cárdenas.
Pero hay más denuncias y cuestionamientos. Además de las advertencias por parte de los concejales de la oposición y los expertos en contratación estatal, Vanguardia pudo constatar que en agosto del 2021, (cinco meses antes de firmar el contrato con Hacienda municipal), la firma Rodríguez y Correa Abogados, a través de sus socios mayoritarios: Gime Alexander Rodríguez y Raúl Correa Díaz, (Correa Díaz hizo parte del comité que dio vida a la Fundación Integral para la Salud y la Educación Comunitaria del Magisterio, Finsema, uno de los bastiones del exsenador Luis Alberto Gil, condenado por parapolítica), modificó sus estatutos para agregar el cobro coactivo en su objeto social.
“Esa modificación de sus estatutos pocos meses antes de que le adjudiquen el millonario contrato en la Alcaldía genera mucha suspicacia sobre si ya el contratista sabía previamente que le iban a dar dicho contrato”, agregó un experto consultado.
Sin embargo, la modificación de los estatutos por parte Rodríguez y Correa Abogados se dio cuatro meses después de haber firmado el contrato con la Dirección de Tránsito, por $350 millones, justamente para el cobro coactivo, lo que plantea el interrogante de si se contrató a esa firma de abogados a pesar de que en ese momento no tenía contemplado en su objeto social ese alcance.
