jueves 15 de diciembre de 2022 - 12:00 AM

El ‘fantasma’ judicial de la Jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Saharay Rojas

Saharay Rojas, Jefe de Gobernanza de Bucaramanga y mano derecha del alcalde Cárdenas, enfrenta un proceso penal por hechos ocurridos cuando trabajó en la alcaldía de Neiva.

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La funcionaria más poderosa actualmente en la administración municipal de Bucaramanga, después del alcalde Juan Carlos Cárdenas, la abogada Saharay Rojas Tellez, quien hoy ostenta el cargo de jefe de Gobernanza, una especie de coordinadora y orientadora de la gestión de todas las secretarías y entidades descentralizadas de la Alcaldía, vive hoy una verdadera encrucijada judicial por cuenta de un proceso penal en su contra, con serias acusaciones que le hace la Fiscalía, por la presunta comisión de varios delitos cuando fungió como secretaria de Hacienda y Movilidad en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, durante la administración del alcalde Rodrigo Lara.

Además: Imputan cargos a Secretaria de Hacienda de Bucaramanga, Saharay Rojas

Los señalamientos contra Rojas son tan serios que el proceso, que cursa en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva, ya llegó a la instancia de imputación de cargos. Según el fiscal del caso, Rojas Téllez habría incurrido en los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, en calidad de coautora, al avalar el levantamiento de varios embargos y medidas cautelares en contra de un infractor de tránsito, quien al parecer previamente había pagado una coima por el trámite.

En la investigación que se adelanta por este caso se habla desde presuntos cobros de coimas y trámites de un solo día, hasta la falsificación de documentos públicos.

En el escrito de acusación radicado ante el juzgado por un fiscal que investiga delitos contra la administración pública en la ciudad de Neiva se vincula a Saharay Rojas y a dos exfuncionarios de la Alcaldía de la capital del Huila.

Trámites exprés

La investigación de las autoridades nació en febrero del 2019, cuando la Contraloría Municipal de Neiva recibió una queja en la que se denunciaba que varios funcionarios de la Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaría de Movilidad (cartera manejada en esa época por Rojas), estaban prescribiendo de manera irregular comparendos de tránsito a cambio de ciertas sumas de dinero.

En dicha denuncia, presentada en el mes de noviembre del 2018, se detallaba como la profesional universitaria de esa oficina, Yuri Esmeralda Ortiz Aya, habría gestionado la prescripción de nueve comparendos de un infractor de tránsito a pesar de que éste solo había pagado siete, es decir, no se le cobraron dos de las multas. En contraprestación, la funcionaria le habría cobrado al infractor la suma de $578 mil pesos como comisión del trámite.

La investigación de las autoridades revela que el mismo día que el infractor pagó los siete comparendos y que presuntamente le entregó la coima a la funcionaria Ortiz, se elaboró, extendió y finalmente suscribió, el auto de levantamiento de medidas cautelares No. 211, por “pago total de la obligación” y fue archivado todo el proceso de cobro coactivo en contra del infractor de tránsito.

“Sin embargo, para la fecha de expedición del auto de levantamiento de medidas cautelares número 211 del 16 de noviembre del año 2018, se encontraban vigentes y pendientes de pago los comparendos 267943 del 07/05/2012 por valor de $283.350 pesos y el 430402 del 04/04/2013 por valor de $294.750 pesos, de los cuales no se efectuó ningún pago, en tanto los mismos fueron la base o sustento de la resolución prescriptiva No. 5057 del 28 de noviembre de 2018”, se lee en el escrito de acusación conocido por Vanguardia.

Lea también: Polémica por supuesta nómina paralela en la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga

A pesar de las presuntas irregularidades, el 28 de noviembre del 2018, dos semanas después de la maratónica prescripción de comparendos, Saharay Rojas, como jefe de las carteras de Movilidad y Hacienda de Neiva para la época de los hechos, expidió la Resolución 5057 ordenando la prescripción de los comparendos que previamente ya había prescrito la funcionaria a su cargo.

Para la Fiscalía, con la expedición de dicho acto administrativo Rojas Téllez incurrió en delitos contra la administración pública al aprobar la prescripción de algunos cobros coactivos como el comparendo 430402 del 4 de abril de 2013, el cual fenecía en 2019, un año después de haber sido expedido el decreto 5057.

“Al proferir la Resolución No. 5057 del 28 de noviembre de 2018 de naturaleza prescriptiva respecto a las órdenes de comparendo 267943 del 7 de mayo de 2012 y 430402 del 4 de abril de 2013, donde bajo el mismo marco jurídico se prescribió una orden de comparendo cumpliendo con los presupuestos del orden legal para la extinción de la acción de cobro por vía de prescripción; en tanto que para la orden comparendo 430402 del 4 de abril de 2013, utilizando el mismo marco jurídico utilizado para la extinción de la acción de cobro previsto en la Resolución No. 5057, la acción de cobro se encontraba vigente respecto al comparendo 430402; tratándose de un acto administrativo contrario a derecho donde se prescribió la acción de cobro de una obligación vigente para la época de la expedición de la Resolución prescriptiva”, se lee en los argumentos de la Fiscalía.

Por estos hechos el fiscal del caso le endilgó a Saharay Rojas Tellez el delito de prevaricato por acción, por lo que la funcionaría está expuesta a una sanción de 4 a 12 años de prisión y una multa de hasta 300 millones de pesos. Además de poder ser inhabilitada hasta por 12 años para ejercer cargos públicos.

Documentos falsos

En el avance de la investigación, inicialmente llevada a cabo por la Contraloría, la exsecretaria de Hacienda y Movilidad de Neiva le afirmó a la Contraloría que todo el proceso de prescripción de los nueve comparendos del infractor comenzó por un derecho de petición radicado por el ciudadano afectado por las sanciones. Sin embargo, la funcionaria al parecer nunca pudo comprobar, ni a la Contraloría ni a la Fiscalía, la veracidad de dicho documento público.

“Con la expedición de la Resolución No. 5057 del 28 de noviembre de 2018, aquella mediante la cual se prescribieron las órdenes de comparendo 267943 del 7 de mayo de 2012 y 430402 del 4 de abril de 2013, con sustento en una falsa motivación, generada a partir de la inexistencia del derecho de petición del 9 de noviembre de 2018, presentado presuntamente por el señor Frankestein Proaños”, agrega la acusación de la Fiscalía.

Ante esta situación, el ente acusador le imputó a Saharay Rojas el cargo de falsedad ideológica en documento público, delito por el cual podría pagar una condena de entre 5 y 12 años de prisión y hasta 15 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, en caso de llegar a ser hallada culpable.

“Son cargos sin sustento”

La hoy Jefe de Gobernanza de la administración de Juan Carlos Cárdenas, Saharay Rojas, desestimó las acusaciones de la Fiscalía y aseguró que los cargos en su contra no tienen ningún sustento jurídico.

“Lo que sucede es que un día Yuri Ortiz, quien era la encargada del cobro de cartera de Tránsito, llegó y me dijo que un tramitador le había dejado una plata para que le pagara un comparendo, yo le reclamé, hice que devolviera el dinero e incluso la demandé porque eso no era legal y salió del cargo. La investigación comenzó cuando una tramitadora demandó a Yuri por cobrarle coimas y a mí me vinculan a ese proceso porque prescribí dos comparendos, pero es que efectivamente a ese señor no se le había hecho el respectivo cobro en los tiempos de Ley y tenía derecho a la prescripción, sin embargo, la Fiscalía insiste en confundir los términos y ahora me imputa por prevaricato, y claro que no acepté cargos”, señaló en su momento Saharay Rojas al ser consultada por Vanguardia sobre el proceso en su contra

Según la funcionaria, todo obedece a una retaliación jurídica pues fue ella la que lideró todo el programa para “limpiar” la Secretaría de Movilidad del cartel de tramitadores que tenían manipulada la entidad.

Al cierre de esta edición el juez del caso aún no había fijado fecha para la de formulación de acusación.

Le puede interesar: Prórrogas e incumplimientos: el lado oscuro de la telegestión de la Alcaldía de Bucaramanga

Informe auditor

Tras una auditoría especial, la Contraloría encontró siete hallazgos de índole administrativos, disciplinarios y fiscales por las irregularidades evidenciadas en la Secretaría de Movilidad de Neiva.

Según el ente de control fiscal, la oficina de cobro coactivo de esa entidad habría incurrido en una serie de irregularidades fiscales y disciplinarias en el trámite exprés para prescribir los comparendos a un ciudadano.

“Teniendo en cuenta lo anterior, la profesional realizó el levantamiento de las medidas cautelares sin haberse realizado el pago total de los comparendos que el señor Proaños tenía a su nombre (16 de noviembre), en ese momento cuando se realiza el levantamiento de las medidas cautelares no se había elaborado la resolución de prescripción, (suscrita el 28 de noviembre del 2018), haciendo caso omiso a lo reglado en el artículo 29 del decreto municipal 656 del 4 de noviembre, donde se expide el reglamento interno de recaudo de cartera del municipio de Neiva”, concluyó la Contraloría.

La Contraloría calculó el daño fiscal en un millón 600 mil pesos, que fueron los recursos que dejó de recibir el municipio.

En todo el proceso fiscal Rojas Téllez, como encargada de las carteras de Movilidad y de Hacienda, aseguró que la entidad no incurrió en ninguna irregularidad en el fenecimiento de las multas.

Aunque el informe de auditoría no reveló hallazgo de índole penal, el contralor municipal dio traslado de la investigación a la Fiscalía para que adelantara las pesquisas penales sobre el caso, de encontrase mérito para ello.

El lío judicial que tiene a la Jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Saharay Rojas afrontando un proceso penal.

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Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Reportero de la página Política y miembro de la Unidad Investigativa desde el 2015.

Desde estos espacios ha llevado a cabo una serie de trabajos de investigación periodística sobre las estructuras del poder político en la región y desnudar las diferentes formas de corrupción que se presentan en el sector público de Santander.

@oscarivanrey

orey@vanguardia.com

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