La Contraloría General de la República emitió un fallo de responsabilidad fiscal, en primera instancia, por un contrato firmado en 2016 para llevar internet a colegios públicos de Bucaramanga.
Publicado por: Redacción Vanguardia
De acuerdo con el fallo del 30 de agosto de 2023, Ana Leonor Rueda, exsecretaria de Educación de Bucaramanga, y Luis Miguel Castañeda, supervisor del convenio 181 de 2016 designado por la Alcaldía de ese municipio, serían presuntos responsables fiscalmente por un convenio interadministrativo firmado entre la administración local y la liquidada empresa Telebucaramanga, para llevar conectividad e Internet a instituciones educativas de Bucaramanga en 2016.
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En la investigación también fueron señalados dos exfuncionarios de Telebucaramanga.
El órgano de control, en fallo de primera instancia, encontró un aparente daño fiscal por cerca de $851 millones en un convenio que pretendía “conectar a través de tecnologías ADSL, fibra óptica y radios de enlaces las instituciones educativas oficiales del municipio de Bucaramanga y montar dos laboratorios en primera infancia, con el fin de ampliar la cobertura de conectividad, garantizando el suministro del servicio dentro del programa de Conexión Total del Ministerio de Educación”.
Sin embargo, para el órgano de control “existió una disposición ineficiente de los recursos del SGP destinados para la conectividad para la vigencia de 2016” ya que, según la investigación, todo el convenio se pretendía ejecutar en un mes.
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Asimismo, la Contraloría General determinó que habría un posible daño fiscal porque este convenio “no se suspendió oportunamente durante el receso escolar, por lo cual se considera un detrimento en el patrimonio del Estado, al efectuar un pago por un servicio que no se cumplió con las finalidades para las cuales había sido contratados”.
Contra esta determinación cabe un recurso de apelación.
