Caso penal contra Didier Tavera por el PAE está a punto de ser anulado por inconsistencias en la imputación y acusación
Publicado por: Unidad Investigativa
Tres años después, el proceso penal en contra del exgobernador de Santander, Didier Alfonso Tavera Amado, por las irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, vigencia 2016, por un valor superior a los $35 mil millones está a punto de regresar a su fase inicial por posibles inconsistencias en la formulación de imputación y el escrito de acusación en contra del exmandatario departamental por parte de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
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A punto de la nulidad
Aunque la Sala Penal de la Corte ya dio comienzo a la audiencia de formulación de imputación y así dar inicio formal al juicio en contra del exgobernador, la diligencia tuvo que ser suspendida por el alto tribunal debido a las solicitudes de nulidad elevadas por el Ministerio Público, (Procuraduría General) y la defensa de Tavera Amado, en cabeza del reconocido abogado penalista, Juan David Riveros.
En su intervención en la diligencia judicial, tanto el Ministerio Público como la defensa, afirmaron que la acusación presentada por la Fiscalía en contra de Didier Tavera por los presuntos delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, presentaba una serie de incoherencias entre los hechos jurídicamente relevantes, los hechos sindicadores y los medios probatorios, que afectaban el debido proceso y el derecho a la defensa.
“El escrito de acusación presentado tiene serios problemas inherentes a la presentación indiscriminada de los prospectos probatorios con los supuestos fácticos. No se ajustó a los parámetros legales mínimos, ya que la Fiscalía no está facultada para leer o incorporar el contenido de informes o cualquier otra evidencia, pues eso daría lugar a que el juez de conocimiento accediera al contenido de las pruebas sin agotar el debido proceso, se alteraría el rito en cada una de las actuaciones sin agotar todo el trámite del descubrimiento. No se brindó información suficiente sobre el continente fáctico acciones u omisiones atribuidas específicamente al señor Tavera Amado, que permitiera un pliego litigioso congruente o lógico”, señaló José Fernando Ortega, Procurador Tercero delegado ante la Corte Suprema.
Ante esos hechos, el representante del Ministerio Público solicitó la nulidad del proceso hasta la fase del escrito de acusación.
Del mismo modo, la defensa de Didier Tavera también solicitó la nulidad del proceso por falta de precisión y claridad en la información de los hechos jurídicamente relevantes respecto de los hechos que presuntamente configuran el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, los cuales, según la defensa, fueron planteados de manera errónea desde la audiencia de imputación en contra del exgobernador de Santander el 13 de noviembre del 2019, y que además fueron reportados de manera exacta en el escrito de acusación.
“En la audiencia de imputación y en el escrito de acusación se le endilgó a Didier Tavera la posible ocurrencia del delito de peculado por apropiación a favor de terceros en calidad de dolo y la celebración de contratos sin el requisito legales, lo que quiere decir que el ente acusador entiende que los hechos jurídicos relevantes se realiza con base en un concurso real heterogéneo de delitos. Sin embargo, la Fiscalía no estableció cuáles fueron específicamente las acciones que llevó a cabo el señor Didier Tavera por sí mismo para que terceros se apropiaron de recursos, es decir, no existen hechos jurídicamente relevantes que permitan afirmar que el señor Tavera pueda ser autor de peculado por apropiación a favor de terceros y la celebración de contratos sin el requisitos legales”, afirmó Juan David Riveros, abogado de Didier Tavera.
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“Sí hay inconsistencias”
Hernán Suárez, fiscal cuarto delegado ante la Corte Suprema reconoció que efectivamente existen algunas inconsistencias en la formulación de imputación y el escrito de acusación en contra de Didier Tavera, que permita identificar la responsabilidad del exmandatario departamental con las irregularidades en la celebración del contrato del PAE Santander en 2016, específicamente en lo que tiene que ver con el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, en calidad de autor.
“En honor a la objetividad, en la audiencia de imputación para el delito de peculado por apropiación no hubo la misma coherencia y consistencia comunicativa circunstancial de atribución de autoría dentro de la premisa de autoridad para el señor Didier Tavera. Muy seguramente la Fiscalía tácitamente asumió que de haber hecho en su parte introductoria de la imputación la atribución de desobediencia a la reglamentación de la delegación, asumió el mismo discurso para enfocarlo hacia la hipótesis del delito de peculado de apropiación a favor de terceros, que en este sí para la Fiscalía en este momento clarifica se abordó de una manera que requirió precisión y claridad tanto en su imputación y el escrito de acusación”, afirmó Suárez.
Cabe señalar, que Hernán Suárez asumió el caso contra Didier Tavera tan solo unos meses atrás y fue otro fiscal el que realizó la formulación de imputación y el escrito de acusación en contra de Tavera Amado.
Proceso regresaría al comienzo
Ante este panorama, la Corte Suprema suspendió la audiencia de formulación de imputación en contra de Didier Tavera para evaluar lo argumentado por las partes y decidir si accede o no a la solicitud de nulidad presentada por la Procuraduría y la defensa.
Varios expertos penalistas consultados por esta redacción señalaron que en caso tal de que la Corte conceda la nulidad, el proceso contra Didier Tavera volvería a comenzar desde su fase de imputación.
“Si la sala penal de la Corte concede las pretensiones de nulidad el proceso prácticamente volvería a comenzar porque se tendría que formular una nueva imputación en contra del señor Didier Tavera ante el Tribunal de Bogotá que en este tipo de casos actúa como juez de garantías. Es decir, se retrocedería tres años atrás la actuación penal”, señaló uno de los expertos quien pidió reserva de su identidad.
Al cierre de esta edición la Corte no había citado a las partes para dar a conocer su decisión con respecto al caso de Didier Tavera.
“No suelo ventilar temas de los procesos en la prensa. Hasta este momento no se ha realizado esa audiencia”, señaló Juan David Riveros, defensa de Didier Tavera.
Para Marco Julio Nossa, apoderado de las víctimas como representante de la Gobernación de Santander señaló que lo más relevante es conocer quiénes fueron los responsables de las presuntas irregularidades en el PAE departamental y que paguen por sus actos.
“Como representante de las víctimas lo más importante es que existan realmente las garantías constitucionales para que no se vulnere un derecho fundamental de determinar la existencia o la no existencia de las conductas allí tipificadas en el escrito de acusación”, consideró Nossa.
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Se reinicia el juicio
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Pero mientras el proceso contra Tavera Amado está ad portas de retroceder a su fase inicial, mañana lunes 13 de junio, se reinicia en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito la audiencia preparatoria de juicio en contra de Ana de Dios Tarazona, exsecretaria de Educación departamental; Aníbal González Sánchez, coordinador del PAE Santander y Fernando Medina Monsalve, interventor del PAE departamental, todos señalados de participar en las irregularidades del Programa de Alimentación Escolar, vigencia 2016, en la administración de Didier Tavera.
“El lunes a las 8:00 de la mañana en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito se reinicia la audiencia preparatoria contra estos tres exfuncionarios y excontratistas de la administración Tavera señalados de participar en las irregularidades contractuales del PAE 2016 que ascendieron a los $23 mil millones. Ninguno de ellos aceptó cargos”, explicó una fuente cercana al proceso que pidió no revelar su identidad.
Ana de Dios Tarazona, Aníbal González Sánchez y Fernando Medina Monsalve, son investigados por su presunta responsabilidad en la ocurrencia de los delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros, y falsedad ideológica en documento público y privado. Ninguno de los tres aceptó cargos.
mil millones costó el PAE Santander vigencia 2016 y en el cual se habrían desviado por lo menso $10 mil millones, según la Fiscalía.
Tres años de cárcel
Tras ser capturado en mayo del 2018, Germán Trujillo, propietario de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, firma que se adjudicó el PAE Santander en 2016 como único oferente por más $35 millones, incluidos los adicionales, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía en el cual se acogió a la aceptación de cargos de todos los delitos que le imputaba el ente acusador y acordó devolver $2.283 millones del contrato del PAE. En contraprestación, Trujillo redujo su pena a solo tres años de condena.
En tal sentido, en diciembre del 2020, tras cumplir la tercera parte de su condena, el ‘zar’ del PAE recobró su libertad.
“Con el preacuerdo alcanzado con la justicia, Germán Trujillo fue condenado a pagar tres años de cárcel, en febrero del 2019. A hoy ya ha cumplido la tercera parte de la pena, razón por la cual, muy seguramente se encuentra gozando de su libertad condicional, un periodo de prueba que deberá cumplir hasta que cumpla la totalidad de su pena”, explicó en su momento el abogado Miguel Ángel Pedraza.
Para Marcela Pabón, vocera del Comité de Transparencia por Santander, veeduría que en su momento denunció las irregularidades en el PAE, la libertad condicional de Germán Trujillo deja un mal mensaje en la lucha contra la corrupción en el país.
“Es un mensaje bastante negativo para toda la población. No hay justicia que sea efectiva y reparadora en la lucha contra la corrupción en este país”, indicó Pabón.
En el mismo sentido, Luisa Fernanda Flórez Rincón, represente legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, también preacordó con la Fiscalía y ya se encuentra en libertad.
Esta semana que termina la Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad única de protección a la competencia, sancionó con una multa cercana a los $1.000 millones, a la Cooperativa Surcolombiana, Germán Trujillo y Luisa Fernanda Flórez, por violar la libre competencia y cartelizarse en el Programa de Refrigerios Escolares en Bogotá del Plan de Alimentación Escolar.
En tal sentido, la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones deberá pagar $475 millones; Germán Trujillo, $386 millones y Luisa Flórez, $22 millones.
En noviembre del 2017, y tras las denuncias de Transparencia por Santander y Vanguardia, la Fiscalía General de la Nación anunció desde Bucaramanga anunció el comienzo de varias actuaciones penales en contra de funcionarios y contratistas de la administración de Didier Tavera Amado, por las irregularidades en la contratación y operación del PAE Santander en el 2016, el cual comenzó costando $23 mil millones y terminó valiendo más de $35 mil millones.
“En Santander fueron detectadas presuntas anomalías en el contrato suscrito el 21 de abril de 2016, entre la Gobernación de Santander y la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada para cubrir el Programa de Alimentación Escolar, PAE, por un valor inicial de $23.844 millones, en 82 municipios no certificados, es decir, que no tenían la autonomía para el manejo de recursos de la alimentación escolar porque cuentan con menos de 100.000 habitantes”, indicó en su momento la Fiscalía.
En Septiembre del mismo año se realizó una adición de $6.700 millones y posteriormente se presentó una nueva adición por $5.200 millones, de tal manera que el valor total del contrato ascendió a$35.744 millones.
En medio de su investigación el ente acusador señaló que había hallado irregularidades como el pago de tamales por valor de $30 mil pesos la unidad; la compra de alimentos a empresas de transporte y el desvío de parte del pago de las facturas del PAE para comprar apartamentos, entre otras inconsistencias.
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La Fiscalía identificó el comprobante de egreso N° 0022680 del 15 de abril de 2016 por valor de $20 millones por “concepto de suministro de cárnicos del PAE”. En el papel el beneficiario del pago fue la Asociación de Transportadores de Servicio Público de Algeciras, ubicada en este municipio de Neiva. Según la investigación de la Fiscalía, “el representante legal de la transportadora no conoce la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada y su objeto no corresponde a la venta de alimentos”. Se determinó que el pagó se hizo a un tercero.
El ente investigador encontró que el comprobante de egresos N° 00022457 de abril 22 de 2016 por $290 millones 324 mil por concepto de “suministro de frutas”, siendo beneficiaria la Asociación de Padres de Familia del restaurante escolar Palogordo”, en la vereda de esta mismo nombre de Girón. El pago de estas frutas se hizo con el cheque N° 764641. Germán Trujillo Manrique consignó este cheque a nombre de la Fiduciaria Fidubogotá-Portobelo por la compra de un apartamento en Bogotá. Además, el representante legal de la Asociación de Padres de Familia del restaurante escolar Palogordo argumentó no conocer la cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada, ni la transacción con el cheque mencionado.
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El caso más llamativo para las autoridades fue la compra de tamales, por $30 millones, a la Asociación de Operadores de Grúas T&A de Acacías, Meta. Esta transacción quedó registrada en el comprobante N° 00023159 del 11 de mayo de 2016. Pese a que en el papel el dinero se envió a la Asociación de Grúas, los recursos fueron consignados a un tercero. Además, el representante legal de la Asociación explicó que entidad estaba inactiva y su objeto no es el suministro de tamales.
Por último la Fiscalía identificó el comprobante de egresos N° 00023007 del 4 de mayo de 2016 por $100 millones por la compra de carne para el PAE de Santander a favor de la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar Medio Oriente del municipio de Tello, en el Huila. La Fiscalía identificó que este los representantes del restaurante escolar no venden carne y que el cheque fue cobrado por una persona de confianza de Germán Trujillo Manrique.
